La Justicia impidió el cierre de los sitios de Memoria
El juez federal Ariel Lijo ha emitido un fallo que obliga al Gobierno nacional a asegurar el funcionamiento de los Sitios de Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la ex ESMA, El Olimpo, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Esta resolución responde a una denuncia presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien advirtió sobre el debilitamiento de estos espacios durante la gestión de la secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alberto Baños.
El fallo llega en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de estos lugares emblemáticos para la memoria histórica. En su resolución, Lijo subraya la importancia de contar con personal capacitado para preservar y transmitir el legado de los crímenes de la última dictadura cívico-militar.
Victoria Montenegro celebra el fallo
La legisladora expresó su satisfacción por la medida judicial, destacando su relevancia en la defensa de la memoria histórica. “Es fundamental que la justicia actúe frente a los intentos de borrar o distorsionar el pasado”, señaló Montenegro en declaraciones a un medio local.
Los desafíos de los Sitios de Memoria
El desmantelamiento de recursos y personal afecta directamente a los cinco Sitios de Memoria gestionados por el Estado, incluyendo el Centro Cultural Haroldo Conti y Virrey Cevallos, que enfrentan posibles cierres debido a despidos masivos. Estos espacios no solo conservan testimonios del pasado, sino que desempeñan un rol clave en la educación y la investigación sobre el terrorismo de Estado.
Un marco legal bajo amenaza
La ley 26.691, que protege estos sitios como patrimonio histórico y herramienta para la justicia, ha sido vulnerada por recientes políticas de ajuste, según Montenegro. Los recortes contradicen las obligaciones legales e internacionales que aseguran la preservación y el uso de estos lugares en procesos judiciales y educativos.
Medidas concretas para evitar el deterioro
El juez Lijo también ordenó acciones específicas para mantener las instalaciones en condiciones adecuadas, como la limpieza y fumigación, y destacó la necesidad de preservar los archivos y registros históricos. Esta medida ha sido respaldada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un desfinanciamiento progresivo de las políticas de memoria.
El fallo judicial representa un avance significativo en la lucha por proteger estos espacios frente a políticas que intentan restarles importancia, aseguraron trabajadores y organizaciones. Además, evidenció la urgente necesidad de inversiones tras el reciente derrumbe de parte de la estructura en el ex centro clandestino de Automotores Orletti.
Para las agrupaciones y sindicatos involucrados, la resolución marca un paso adelante en la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva en Argentina.
