Desactivan acuartelamiento en la Bonaerense
En medio de un intencionado clima de creciente tensión en la provincia, alentado desde el gobierno nacional y fogoneado por los medios afines, efectivos de la Policía bonaerense y sus familiares se amotinaron para exigir un aumento salarial. La protesta, que contó con la participación de 18 policías en localidades del oeste del Gran Buenos Aires, motivó la rápida reacción del ministerio de Seguridad de la provincia, que procedió a desplazar a los involucrados. Ante estos hechos, el gobernador Axel Kicillof tomó medidas inmediatas y despidió a 18 agentes, quienes ya habían mostrado señales de actitudes cuestionables en episodios previos, particularmente en 3 de Febrero e Ituzaingó.
Según informaron fuentes oficiales, la movilización fue convocada a través de una red social por familiares de efectivos retirados. Aunque la iniciativa no se concretó en la primera semana de febrero, el 17 de ese mes se registró un «sirenazo» en la estación de servicio Shell, en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado en Ituzaingó. Un incidente similar tuvo lugar en El Palomar, en Tres de Febrero, donde participaron siete patrulleros.
El reclamo se centra en una demanda de incremento del 100% en las remuneraciones, impulsado por consignas difundidas por familiares y retirados. En este marco, el aumento anunciado por Kicillof sitúa al comisario general en $1.425.000 para febrero y $1.452.000 para marzo; un oficial principal percibiría entre $711.000 y $724.000 en esos mismos meses, mientras que un agente de menor rango vería ajustada su retribución de $655.000 a $677.000. A estos montos se suman bonificaciones fijas y no remunerativas que pueden elevar el salario entre un 30% y un 40%, según el escalafón. Además, por cubrir eventos deportivos o recitales se otorgan adicionales diarios de entre $25.000 y $35.000, y la hora extra se remunera a $1.200.
Hace dos semanas, en respuesta a las críticas constantes del gobierno de Milei sobre la inseguridad en la provincia, Kicillof denunció la pérdida de recursos públicos y reclamó el retorno de $700 mil millones, fondos que, según sus declaraciones, fueron desviados el año pasado y estaban destinados a fortalecer la seguridad.
La provincia, considerada el bastión de la mayor población trabajadora del país, se ha convertido en el escenario de una lucha política en la que se acusa al gobierno nacional de intentar ganar votos a expensas de la inversión en seguridad.
