El hobby de Milei: vapulear a la prensa
Los recientes embates contra la libertad de prensa en la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei han escalado con una urgencia que excede los simples recortes presupuestarios. Desde el primer día de su mandato, se puso en marcha un plan sistemático de desmantelamiento de los organismos estatales de comunicación, cuyo ejemplo más emblemático fue la desarticulación de la agencia Télam. En cuestión de semanas, decenas de despidos masivos, la eliminación de coberturas en zonas de conflicto y la clausura de redacciones regionales dejaron al descubierto la voluntad de silenciar voces disidentes y controlar la narrativa oficial.
A este desmontaje institucional se suman actos de violencia directa contra profesionales de prensa. En marzo pasado, el fotoperiodista Pablo “Grillo” recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la sien mientras cubría una protesta social; el hecho todavía se ventila en la justicia, pero la impunidad con la que actuaron las fuerzas de seguridad no ha generado sanciones ejemplares. Un mes después, durante la cobertura del debate por la jefatura de Gobierno porteña, un colaborador cercano al presidente, Santiago Cáputo, amenazó de muerte a un periodista de Tiempo Argentino, intimidación que fue captada en video y despertó el repudio de distintas entidades periodísticas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contabilizó 179 agresiones contra colegas en lo que va de 2024, un aumento del 53 % frente a los incidentes denunciados el año anterior. Las agresiones van desde empujones y descalificaciones verbales hasta coacciones directas para que no se difundan determinadas noticias. A esto se suma una creciente hostilidad verbal del propio presidente Milei contra medios como Clarín, La Nación o Página/12, a los que tilda de “cárteles mediáticos” o “prensa gorila”, acusándolos de promover “fake news” para desestabilizar su gestión.
En el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), presentado en marzo de 2025, nuestro país retrocedió veintiún puestos en el índice de Libertad de Prensa, pasando del lugar 66 al 87 en tan solo doce meses. Según la ONG, este derrumbe refleja “la creciente represión institucional y la expansión de maniobras de censura velada” ejercidas por el Ejecutivo y sectores económicos concentrados que condicionan la cobertura informativa.
La ofensiva oficial también se manifestó en la reducción drástica del presupuesto asignado a Radio Nacional y a la TV Pública, el recorte de becas para jóvenes periodistas y la imposición de pautas oficiales que favorecen a medios afines al gobierno. En paralelo, el Estado anunció la creación de un “Observatorio de Veracidad Informativa” bajo la órbita de Presidencia, organismo que, lejos de garantizar el acceso a datos públicos, ha funcionado como mecanismo de presión sobre aquellos periodistas que indagan en irregularidades de la gestión.
Expertos en comunicación política advierten que la estrategia se basa en tres ejes: la cooptación de espacios mediáticos clave, la criminalización de la labor periodística independiente y la creación de un relato de “periodismo militante” que sirva como contrapartida a las voces críticas. De este modo, se busca no solo frenar la difusión de investigaciones incómodas —por ejemplo, sobre offshores vinculadas a funcionarios—, sino también deslegitimar a quienes las llevan a cabo.
Organismos internacionales y decenas de asociaciones de periodistas han movilizado sus redes de solidaridad, exigiendo al gobierno argentino el cese inmediato de todas las formas de violencia y hostigamiento. Asimismo, legisladores de distintos bloques presentaron proyectos para blindar a los trabajadores de prensa frente a agresiones y garantizar su acceso irrestricto a la información pública.
Sin embargo, la respuesta oficial ha consistido en endurecer el discurso: en su última cadena nacional, el presidente Milei acusó a los medios de “querer un poder paralelo” y advirtió que persistirá en sus políticas hasta “liberar al pueblo de la mentira sistemática”. Mientras tanto, la comunidad periodística redobla la apuesta, organizando talleres de autoprotección en cobertura de protestas y reforzando las redes de corresponsales regionales para evitar la centralización informativa.
La caída en el ranking de RSF, las alarmantes cifras de FOPEA y los episodios de agresión física y verbal dibujan un escenario de creciente asedio al cuarto poder. En este contexto, la defensa de la libertad de prensa se convierte en un eje ineludible de la discusión democrática: sin información plural y sin garantías para quienes la producen, la sociedad argentinos arriesga su propia capacidad de fiscalizar y decidir con autonomía.
