Era Milei: advierten retrocesos en derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia el impacto negativo del ajuste económico en programas sociales, la memoria histórica y las políticas de género, junto con un clima represivo contra manifestantes y prensa. En su Informe Anual 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre «retrocesos significativos» en Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei. El organismo vincula estos retrocesos al ajuste estructural aplicado por el Ejecutivo, que ha tenido efectos “devastadores” en la protección social y en las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Denuncia además que los recortes en programas sociales se implementaron «sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables», afectando especialmente a los trabajadores de la economía popular e impactando negativamente en el sistema previsional.
Ajuste económico y derechos sociales
La CIDH fue enfática al advertir que los recortes en programas de asistencia social se hicieron «sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables», como los trabajadores informales, provocando “consecuencias negativas” incluso en el sistema de jubilaciones y pensiones. Según el informe, estas medidas forman parte del ajuste estructural del Gobierno y han tenido efectos «devastadores» sobre la protección social de los grupos más postergados.
El documento señala que la falta de redes de contención agrava la precariedad de los hogares de bajos ingresos, ya que las familias quedan sin apoyos estatales básicos ante la inflación y el desempleo.
Políticas de género y diversidad
La CIDH denuncia un retroceso marcado en las políticas de género y diversidad. Por primera vez en 40 años Argentina carece de un organismo rector para prevenir la violencia de género, tras el cierre del Ministerio de la Mujer. A esto se suma el debilitamiento de la lucha estatal contra la violencia machista y la eliminación de estructuras clave que garantizaban derechos sociales y culturales de las mujeres. Según el informe, estos recortes institucionales agravan la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de las más pobres, al quedar sin dispositivos esenciales de protección. En paralelo, el informe documenta un aumento de discursos oficiales estigmatizantes hacia la diversidad sexual y la perspectiva de género.
Organizaciones sociales han denunciado que autoridades públicas han lanzado mensajes hostiles contra las personas LGBTIQ, y que se promueven nuevas restricciones a la Ley de Identidad de Género para personas privadas de la libertad. La CIDH advierte que estas actitudes oficiales generan un clima de mayor discriminación contra las diversidades sexuales y dificultan la ampliación de derechos alcanzados en años anteriores.
Represión y libertad de expresión
La Comisión señaló episodios de represión policial que preocupan. En 2024 se registraron casos de uso «desproporcionado» de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas. El informe destaca especialmente la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad durante las protestas en el Congreso contra la llamada “Ley Bases” y el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria.
Estos hechos muestran un uso excesivo del poder policial que, según la CIDH, amenaza el derecho a la protesta pacífica y aumentan la tensión social. Asimismo, la CIDH advirtió sobre un «deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión» caracterizado por la baja tolerancia del Ejecutivo hacia las críticas. Señala que este clima se traduce en discursos estigmatizantes dirigidos a medios de comunicación y particularmente contra periodistas mujeres. Los expertos denuncian que estas actitudes gubernamentales y los ataques verbales a la prensa libre coartan el debate público y asustan a quienes informan críticamente sobre el gobierno.
Memoria, justicia y transparencia
En materia de memoria histórica, la CIDH reconoce avances en los juicios por delitos de lesa humanidad, pero advierte «vaciamiento» de las políticas de memoria y de las instituciones dedicadas a la verdad y la justicia. El informe lamenta que se redujeron herramientas estatales fundamentales para sostener estos procesos, lo que limita la búsqueda de justicia para las víctimas. Además, la CIDH alertó que recientes modificaciones a la ley de acceso a la información pública representan «un serio retroceso en la transparencia del Estado». Según el organismo, estos cambios opacos dificultan la fiscalización de las acciones gubernamentales por parte de los ciudadanos y los medios, erosionando garantías democráticas básicas. En conjunto, estas medidas debilitan la rendición de cuentas del Estado y ponen en riesgo los compromisos históricos de Argentina en materia de derechos humanos.
