Se desmorona el plan «dólares bajo el colchón»
El inesperado aplazamiento del llamado plan “dólares bajo el colchón” dejó al descubierto las dificultades técnicas y legales que esconde la propuesta oficial. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, admitió que la iniciativa que buscaba incorporar al circuito formal los ahorros en moneda extranjera aún carece de “encuadre jurídico” definitivo: “Tenemos la idea, pero hay que traducirla al marco normativo –explicó–. No es sólo el origen de los fondos; hay normas internacionales, como las del GAFI, a las que estamos adheridos y debemos respetar cabalmente”.
Presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida pretendía eliminar los controles de cambio y desregular la totalidad de los billetes estadounidenses fuera del sistema, incentivando su regreso a través de beneficios tributarios y operativos. Se esperaba que este alivio para los ahorristas descomprimiera la presión sobre las reservas internacionales y redujera el margen para la operatoria financiera informal. Sin embargo, el déficit de estudios de impacto legal y las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) obligaron a suspender el anuncio a último momento.
La necesidad de profundizar la dependencia económica donde tienen que estimular la fuga de dólares, y el trabajo argentino es visto como un gasto, es que se produjo la rebaja de aranceles a la importación de celulares, televisores y computadoras, otro pilar de la estrategia oficial, que generó el rechazo inmediato de Tierra del Fuego. Gustavo Melella, su gobernador, advirtió que la quita de gravámenes amenaza el régimen especial industrial establecido por la Ley 19.640, vigente desde 1972, que exime de IVA y derechos aduaneros a la producción local para proteger a más de 40.000 empleos directos y sostener una cadena de valor que aportó exportaciones por varios cientos de millones de dólares el año pasado. Estudios independientes calculan que el subrégimen genera una renuncia fiscal de alrededor de 1.567 millones de dólares anuales, cifra que el Gobierno está dispuesto a revisar.
Francos relativizó la alarma por el posible cierre de plantas: “Se exageran las cosas –aseguró–. Todo lo que sale de Tierra del Fuego sigue ingresando con costos elevados al continente, así que la protección de la industria subsiste”. Con ello, desestimó los temores de que la apertura de importaciones derive en una ola de cesantías en la región más austral del país.
Más allá de las discusiones técnicas, crece el malestar en el sector laboral. Para muchos trabajadores, el plan simboliza la profundización de la dependencia económica de Estados Unidos y la visión del empleo local como un “gasto” prescindible. Críticos del oficialismo señalan que cualquier desregulación de los dólares fugados solo beneficia a inversores foráneos, mientras que la población más vulnerable sufre la suba de precios y la pérdida de derechos laborales. En el terreno político, se detecta una clara desconexión entre la agenda del Palacio de Hacienda y el ánimo de la calle: no hay bases sólidas para construir consenso entre los trabajadores, y el fantasma del hambre y la miseria vuelve a cernirse sobre amplios sectores del país.
En definitiva, el retroceso en la idea de “dólares bajo el colchón” expone las dificultades de aplicar un paquete de reformas extremas sin el andamiaje jurídico, social y político necesario. Tanto la normativa internacional como el sostenimiento de industrias estratégicas –desde la electrónica de Tierra del Fuego hasta los ahorristas de a pie– exigirán un debate más profundo antes de avanzar. La incógnita ahora es saber si el Gobierno encontrará el modo de validar su ambiciosa propuesta o la dejará definitivamente guardada debajo del colchón.
