La gestión Milei abandona a las personas en situación de calle

En plena antesala del invierno, cuando las temperaturas comienzan a golpear con mayor crudeza a quienes no tienen techo, el Gobierno de Javier Milei decidió modificar —vía decreto— el sistema nacional de asistencia a personas en situación de calle. Lejos de reforzar la protección a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo optó por delegar en las provincias y municipios una responsabilidad que hasta ahora asumía el Estado nacional. Lo grave es que esta delegación de responsabilidades no se hizo con el respectivo pase de presupuesto que tenía Nación y que ahora debería, al dejar de prestar esa función, trasladar a las jurisdicciones que de ahora en más tendrán esa responsabilidad. Peor aún, durante 2025 la gestión Milei ha apretado aún más el goteo presupuestario por coparticipación a las provincias.

La medida quedó oficializada este lunes 2 de junio mediante el decreto 373/2025, publicado en el Boletín Oficial, que altera los alcances de la Ley 27.654, sancionada en 2021 con el objetivo de establecer un abordaje integral para esta problemática social. Aunque la norma había sido anunciada el viernes anterior por el Ministerio de Capital Humano a través de redes sociales, su aplicación definitiva abre múltiples interrogantes sobre la cobertura y capacidad de respuesta en los territorios.

Según el comunicado emitido por la cartera que encabeza Sandra Pettovello, la decisión “busca priorizar el abordaje territorial local, permitiendo que cada provincia y municipio, con mayor cercanía a sus comunidades, puedan brindar asistencia de forma más eficiente y eficaz”. Sin embargo, el trasfondo de la reforma sugiere una clara intención de desentenderse desde la Nación del financiamiento y coordinación de estas políticas.

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el cambio apunta a la presunta baja ejecución de la ley vigente y a la desconfianza hacia las organizaciones sociales, a las que se acusa de haber recibido fondos en forma “discrecional” y en “contadas ocasiones”. Este tipo de afirmaciones, repetidas en varias intervenciones públicas del gobierno de Milei, refuerza la estigmatización sobre los movimientos sociales, actores clave que durante años desarrollaron tareas de asistencia y contención allí donde el Estado brillaba por su ausencia.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, la ministra Pettovello y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que las jurisdicciones locales, serán ahora responsables de diseñar e implementar políticas habitacionales para las personas en situación o riesgo de situación de calle. En otras palabras, la Nación se corre de un rol activo y transfiere la carga a gobiernos provinciales que muchas veces carecen de presupuesto o infraestructura para dar respuestas adecuadas.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en políticas sociales ya expresaron su preocupación frente a esta decisión. Alertan que sin recursos asignados, sin un plan coordinado y sin voluntad política de proteger a las poblaciones más vulnerables, el cambio normativo no hará más que agravar una crisis habitacional que se profundiza año tras año.

Mientras tanto, miles de personas duermen en veredas, plazas o paradores desbordados. Frente a esta realidad, el Gobierno parece más dispuesto a correrse que a intervenir, apelando al mantra de la “eficiencia” para justificar un claro retroceso en materia de derechos sociales.