Denuncian a la jueza Arroyo Salgado por «mal desempeño»
La magistrada federal Sandra Arroyo Salgado fue objeto ayer de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por haber dispuesto la detención de cinco militantes peronistas tras un escrache en la vivienda del diputado José Luis Espert, en San Isidro. La presentación, impulsada por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley, reclama además el juicio político de la jueza por presunto mal desempeño de sus funciones.
El incidente tuvo lugar el 17 de junio, cuando un grupo de manifestantes arrojó bosta de caballo y colgó carteles con proclamas insultantes —el más repetido: “Espert sos una mierda. Con CFK no se jode”— frente al domicilio del legislador. A pesar de que el hecho podría tipificarse como una contravención municipal, Arroyo Salgado ordenó la aprehensión de cuatro mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados incomunicados a la cárcel federal de Ezeiza.
Entre los detenidos figuran Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y figura de La Cámpora, y Alesia Abaigar, funcionaria del ministerio de las Mujeres bonaerense; la nómina se completa con Aldana Muzzio, Candelaria Montes e Iván Díaz Bianchi.
Recalde y Siley denunciaron “detenciones arbitrarias”, “persecución política” y “uso excesivo del poder judicial” contra ciudadanos que solo llevaron adelante “acciones simbólicas sin causar daño”, en alusión al aval recibido públicamente por la ministra Patricia Bullrich y el propio Espert. También cuestionaron los allanamientos realizados en domicilios particulares y en el despacho municipal de Mieri.
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria de la Nación solicitaron a la Cámara Federal de San Martín que actúe como amicus curiae y ordene la excarcelación, argumentando arraigo, falta de riesgo de fuga y la “desproporción” de encarcelar a quienes realizaron una protesta política.
Por su parte, el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro imputó a los cinco por atentado al orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. La Cámara de Apelaciones deberá definir la próxima semana si confirma las detenciones o concede la libertad mientras sigue su trámite la causa.
