El Senado dio una lección de independencia democrática
El Senado convirtió en ley una serie de reclamos largamente impulsados por la movilización social, al aprobar ayer un aumento —aunque modesto— de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional para quienes no alcanzan los 30 años de aportes y la declaración de la emergencia en discapacidad, que incrementa los fondos para ese sector tras siete meses de estancamiento en sus ingresos. Además, se sancionó el fondo de emergencia de 200.000 millones de pesos para atender las inundaciones en Bahía Blanca, iniciativa que había sido vetada por el presidente el pasado junio.
La suba general del 7,2 % de todos los haberes jubilatorios obtuvo 52 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones; en paralelo, el bono extraordinario para las jubilaciones mínimas se elevó de 70 000 a 110 000 pesos, de modo que el haber mínimo pasará de 309 294,80 a 331 564,02 pesos, más el nuevo complemento.
La ruptura entre el Ejecutivo y sus tradicionalmente afines quedó de manifiesto cuando los senadores del oficialismo abandonaron el recinto con la intención de impedir la sesión. Sin embargo, varios legisladores que hasta ahora habían respaldado todas las iniciativas y decretos del Gobierno se mantuvieron hasta el final, asegurando así la sanción de las leyes. Esta postura refleja el creciente rechazo a las políticas de ajuste y primarización que el oficialismo viene impulsando, las cuales han recortado recursos a las provincias para alimentar el supuesto “superávit fiscal” nacional.
Esa tensión también se vio en la pelea interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Bullrich recurrió a su cuenta de X para reclamarle: “Levántese, señora vicepresidenta. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país”. El presidente, por su parte, calificó a Villarruel de “traidora”.
La respuesta de Villarruel no se hizo esperar: recordó que había cumplido con su deber de presidir la sesión, tal como fue fijado en la convocatoria anual, y defendió su rol institucional “me gusten o no” las leyes tratadas. “Me eligieron para resguardar la institucionalidad, no para levantarme cuando las cosas se ponen difíciles”, sentenció, antes de acusar a Bullrich de haber navegado “por partidos y listas de tránsito” mientras ella combatía al kirchnerismo.
Detrás de este conflicto se percibe un choque de intereses: por un lado, la fracción de la oligarquía local que Villarruel representa y que ya no encuentra cabida en el proyecto económico y político de los grandes capitales extranjeros, y por otro, el bloque que impulsa el presidente y su entorno, dispuesto a prescindir de las reglas formales —veto tras veto, presiones a la Justicia— para imponer un plan de ajuste y saqueo que socava tanto al pueblo trabajador como a sus otrora aliados de élite.
