Sobreseyeron a los manifestantes contra la Ley Bases
Un grupo de relatores de Naciones Unidas dirigió una misiva al Ejecutivo argentino en la que expresa “seria preocupación” por la “grave regresión de las libertades fundamentales y del espacio cívico” desde diciembre de 2023. En el texto, fechado el 12 de mayo, advierten sobre el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones pacíficas, la implementación del Protocolo Antipiquetes y el hostigamiento a jueces y fiscales que investigan actuaciones de las fuerzas de seguridad. Señalan tácticas de bloqueo de vías de acceso, despliegues desmedidos de agentes, empleo permanente de armamento antimotines y detenciones arbitrarias bajo cargos imprecisos. Asimismo, recuerdan el caso del fotoreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por una granada de gas lacrimógeno el 12 de marzo frente al Congreso, y llaman al Estado a garantizar la protección de quienes ejercen la libertad de expresión, incluyendo a la prensa.
En paralelo, la jueza federal María Servini de Cubría resolvió el sobreseimiento por falta de mérito de las últimas 16 personas acusadas tras las protestas contra la Ley Bases, ocurridas hace 13 meses. Servini apuntó en su fallo la carencia de testigos presenciales, la ausencia de registros audiovisuales que demuestren los hechos imputados y la imposibilidad de encontrar indicios de coordinación entre los acusados a partir del desbloqueo de sus teléfonos.
Tras la movilización, inicialmente 17 manifestantes fueron excarcelados luego de dos días de detención. El 18 de junio otras 11 personas recuperaron la libertad de las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, todas ellas a quienes también se les dictó falta de mérito. “Pasaron entre dos y cinco días presos y trece meses bajo la obligación de informar cada viaje por tener una causa abierta; una locura”, apuntó la abogada defensora sobre el impacto que la criminalización de la protesta causó en la vida cotidiana de los imputados.
Los acusados habían sido imputados originalmente con cargos que incluían lesiones, daños, incendio, atentado contra la autoridad e instigación a delinquir, basados en un dictamen de Stornelli que hablaba de un “alzamiento contra el orden constitucional”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a calificar a todos los detenidos de “terroristas”, etiqueta que la magistrada desestimó al reconocer la inexistencia de pruebas mínimas para sostener tales imputaciones.
Con este sobreseimiento y la advertencia internacional de la ONU, crece el cuestionamiento sobre la gestión de la seguridad y el respeto al Estado de derecho. Mientras el Gobierno impulsa políticas de mano dura, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional elevan el reclamo de cumplimiento de las leyes y garantías constitucionales, advirtiendo que la profundización de estas prácticas erosiona la democracia y el espacio de participación ciudadana.
