Ganar la calle: marchas universitarias y por el Garrahan

Hoy las centrales obreras, organismos estudiantiles y las federaciones docentes prometen volver a llenar las plazas: la CGT, las dos CTA, la UTEP y las conducciones universitarias encabezan la convocatoria a la Tercera Marcha Federal Universitaria, que confluirá en las inmediaciones del Congreso para repudiar los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia en pediatría, y para rechazar el Presupuesto 2026 tal como fue presentado por el Ejecutivo.

La movilización llega en un contexto político marcado por la derrota que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo 7S, y por un mensaje presidencial difundido en cadena nacional donde el jefe del Estado defendió el plan económico y aseguró que “el rumbo está fijado en piedra”. En esa intervención se presentó además el proyecto de Presupuesto 2026, con partidas que el Gobierno dice buscan dar respuesta a sectores sensibles, pero que para amplios sectores sociales resultan insuficientes frente al histórico desfinanciamiento que vienen sufriendo la universidad pública y la salud.

La reacción de la academia no se hizo esperar. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que los 4,8 billones de pesos consignados para las casas de estudio en el proyecto no representan un aumento real sino la anualización de lo percibido a diciembre de 2025, y que ese monto “queda muy lejos” de los aproximadamente 7,3 billones que, según sus cálculos, serían necesarios para sostener mínimamente el sistema. Para el CIN, el proyecto enviado al Congreso “consolida el ajuste” sobre la universidad pública y la ciencia.

Esa afirmación encuentra respaldo en números que las organizaciones docentes vienen difundiendo desde hace meses. Un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU señala que, en los primeros cinco meses de 2025, las transferencias a las universidades nacionales fueron 22,5% más bajas en términos reales que en el mismo período de 2023; que la inversión en ciencia y tecnología cayó cerca de un 30%; y que las Becas Progresar perdieron más del 40% de su poder de compra en los últimos 18 meses, entre otras conclusiones que describen un cuadro de desgaste estructural. Esos guarismos alimentan la convicción de que los anuncios oficiales no alcanzan para reparar el daño acumulado.

Lejos de amesetarse, la bronca y la organización social se tensan. “Después de la cadena nacional, en la que se ratificó el ajuste y se anunció que el presupuesto para las universidades será el mismo, esperamos una convocatoria masiva y pacífica. La movilización será un claro indicador de la voluntad de un sector mayoritario de la sociedad que quiere frenar el ajuste”, sostuvo Federico Montero, secretario de Organización de CONADU-CTA. Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, pidió que la protesta sea masiva y federal y advirtió que las calles del Congreso y las plazas del país “van a estar desbordadas” de docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, jubilados y organizaciones populares: “Vamos a estar vigilándolos. Esperemos que escuchen el reclamo popular”, sintetizó.

La consigna principal sintetiza el malestar: “No a los vetos. Sí a la Universidad y la Salud Pública”. Para quienes marchan, el conflicto transciende una pulseada por partidas presupuestarias: se trata de impedir que la profundización del plan de ajuste —vinculado, según sus críticos, a definiciones de mercado y a exigencias del Fondo Monetario— termine por erosionar las posibilidades de acceso y las condiciones de trabajo en la educación superior y en los servicios de salud. Las distintas columnas partirán desde puntos universitarios y barriales hacia el Congreso; además, habrá actos en Córdoba, Rosario, Mendoza y en numerosas sedes regionales donde la comunidad universitaria se organiza desde hace semanas.

En el lenguaje de la calle confluyen relatos: docentes que denuncian pérdida de poder adquisitivo, estudiantes que ven peligrar becas y programas, médicos y residentes que alertan sobre achiques en presupuestos hospitalarios, y trabajadores de distintos gremios que trazan la continuidad entre el desguace productivo y la disminución de recursos para lo público. Esa cadena —industria, salud, educación, ciencia— es, para las organizaciones convocantes, parte de un mismo plan que se intenta frenar en las calles y en el recinto parlamentario.

Frente a la protesta, el Gobierno apuesta a mostrar gestos de contención mediante anuncios sectoriales; pero la lectura sindical y académica es otra: los incrementos comprometidos en el Presupuesto 2026 dependerían, en buena medida, de supuestos macroeconómicos optimistas y, sobre todo, no compensan las pérdidas acumuladas ni las previsiones de reducción en la cantidad de titulares de ciertos programas sociales que figuran en las tablas oficiales. Esa lectura crítica alimenta la decisión de confluir hoy en un reclamo que pretende ser masivo y sostenido en el tiempo.

La jornada será, en definitiva, una prueba de fuerza cívica y política: si el Congreso confirma el rechazo a los vetos, la marcha mostrará en las calles que la pelea por la universidad y la salud pública no se limita a la hora del voto, sino que es parte de una disputa más amplia por el rumbo económico y por el carácter del Estado. Si la mayoría parlamentaria se debilita, la movilización servirá para que la sociedad se haga oír ante una agenda que, según sus críticos, busca anclar el ajuste como horizonte inamovible.

En las próximas horas se sabrá si la respuesta en la calle alcanza para frenar los planes que denuncian los sectores convocantes. Mientras tanto, la universidad pública, sus docentes y estudiantes, y una parte importante del movimiento obrero vuelven a poner la agenda en la vereda: universitaria, sanitaria y social.