Ahora Milei admite que la dolarización «es compleja»
La fuerte tensión cambiaria que atravesó el país esta semana puso en evidencia la fragilidad de las propuestas económicas que prometieron soluciones inmediatas y definitivas. Tras una corrida cambiaria que obligó al Banco Central a desprenderse de más de US$1.100 millones en apenas tres jornadas, y con el dólar oficial superando la barrera de los $1.500 en varios operadores, la administración nacional enfrenta una doble crisis: la del mercado y la de credibilidad política.
En ese contexto, el presidente Javier Milei concedió una entrevista en la que relativizó la posibilidad de implementar la dolarización de forma rápida e instantánea: “es bastante más complejo”, dijo, y advirtió que la transición requeriría adecuar el sistema financiero y contar con consenso social, además de —en su visión— eventualmente someter la medida a una consulta popular vinculante si los argentinos así lo decidieran. Sus declaraciones aparecieron mientras el mercado seguía presionando y el Banco Central duplicaba esfuerzos para contener la depreciación.
Los números y la mecánica del mercado no ayudan. Explican los especialistas que la intervención a fuerza de ventas de reservas —incluida la mayor colocación diaria en años registrada por la autoridad monetaria— apunta a contener movimientos abruptos, pero erosiona el colchón financiero que el Gobierno tiene para maniobrar ante nuevas tensiones. Esa erosión, además, alimenta nerviosismo en los acreedores y en los mercados locales, con el consiguiente aumento del riesgo país y de la volatilidad de activos.
Política y campaña: un acto que no mostró reacomodo
La crisis económica ocurre, además, en un escenario político que el oficialismo esperaba transitar con menos fricciones. El lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, previsto como un acto de reactivación, quedó opacado por la menor concurrencia de público en relación con las expectativas que despertó en 2023, una señal del desgaste del proyecto presidencial en sectores que antes mostraban mayor adhesión. Las coberturas y las imágenes del encuentro alimentaron ese diagnóstico crítico.
En la calle, la lectura es doble. Por un lado, hay quienes sostienen que las turbulencias cambiarias y la quema de reservas son efectos temporales dentro de una transición que debería culminar con una mayor estabilidad real; por otro, crece el rechazo entre tradiciones capas populares y trabajadores que no ven beneficios inmediatos en medidas que, según perciben, priorizan a grandes operadores financieros y grupos económicos. Organizaciones sindicales y referentes sociales alertan que las recetas anunciadas pueden profundizar la pérdida de poder adquisitivo y agravar la precariedad. (Análisis y declaraciones públicas recogidas en entrevistas y coberturas locales.)
¿Qué implica admitir la complejidad de la dolarización?
Que la operación no es sólo técnica: implica decisiones políticas —como la reconfiguración del sistema crediticio y la garantía de liquidez— y una negociación social que, hasta ahora, el Gobierno no ha logrado plasmar con actores clave. La propia referencia presidencial a una “consulta popular vinculante” sugiere reconocimiento de que la medida carece del anclaje político y social necesario para una ejecución sin costos inmediatos.
La crisis mostró además la distancia entre las promesas de campaña y la realidad cotidiana. La expectativa de inflación controlada a la que apeló la administración choca hoy con la transmisión de la devaluación a precios y con la aceleración de la pérdida del poder adquisitivo en sectores sensibles. Los economistas consultados subrayan que una devaluación abrupta, aunque administrada, puede trasladarse rápidamente a los precios relativos y erosionar salarios y jubilaciones.
Con las elecciones de octubre como horizonte inmediato, la pregunta es cómo reconducir un escenario donde la gestión económica y la campaña se retroalimentan: la presión sobre el tipo de cambio impacta en la percepción ciudadana y esta, a su vez, condiciona la capacidad del Gobierno para avanzar en reformas mayores. La evidencia reciente —tanto en el mercado como en las plazas políticas— sugiere que cualquier intento de implementar cambios estructurales sin anclaje social puede topar con resistencias duras y costos políticos significativos.
La semana mostró, en suma, que los atajos prometidos para normalizar la economía no están libres de fricción y que, cuando la política y los mercados se tensan al mismo tiempo, la salida demanda mucho más que titulares y anuncios: requiere instrumentos técnicos, sostenibilidad financiera y, sobre todo, una construcción de legitimidad que hoy parece incompleta.
