La política económica argentina se dirime en Washington
A dos semanas de la próxima jornada electoral, la política económica argentina parece dirimirse fuera del recinto del Congreso y de los debates locales: la Casa Blanca, el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcan el ritmo, las prioridades y, según críticos y dirigentes de la oposición, incluso la agenda de la campaña. En los últimos días, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, salió a respaldar el plan económico del presidente Javier Milei y reivindicó, como ejemplo, a “líderes valientes” que recurrieron a recortes drásticos de pensiones y salarios y luego fueron reelectos, un elogio que desde el oficialismo interpretan como un aval técnico, y desde la oposición y el mundo del trabajo como una instrucción política sobre el tipo de ajuste que se viene.
El respaldo público del organismo internacional llega en un momento en que el Gobierno acelera negociaciones en Washington para asegurar auxilios oficiales. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una comitiva que viajó a la capital estadounidense para avanzar en un paquete que incluye -según funcionarios y fuentes periodísticas- mecanismos como un swap del Tesoro por alrededor de 20.000 millones de dólares, líneas de crédito y posibles compras estratégicas de bonos. El objetivo proclamado por la Casa Rosada es apuntalar reservas y calmar mercados antes de la elección; para los críticos, sin embargo, implica una dependencia financiera que tendrá contrapartidas políticas y económicas profundas.
En ese marco se produjo la breve pero simbólica visita a la Casa Rosada del asesor republicano Barry Bennett, cercano al círculo del presidente Donald Trump, que fue recibido por integrantes del equipo económico argentino. Bennett confirmó que las conversaciones formales se elevan ahora a Washington —donde Caputo continúa las tratativas— y no ocultó el interés estadounidense por los recursos naturales del país: petróleo, litio y uranio aparecieron en la conversación pública como piezas claves de la oferta que Estados Unidos evaluaría apoyar con inversiones y facilidades financieras. La Casa Rosada habló de un posible anuncio coordinado con la bilateral entre Milei y Trump a mediados de octubre; la agenda diplomática y el timing político, en todo caso, tienen hoy una carga estratégica indudable.
La polémica entre Washington y la política interna de EE.UU.
El intento de auxilio financiero no es unívoco ni está exento de fricciones. Legisladores demócratas y voces del propio Congreso estadounidense cargaron contra la iniciativa de la administración republicana que impulsa la ayuda a la Argentina. La senadora Elizabeth Warren fue una de las críticas más sonoras: en redes sociales vinculó el plan con recortes domésticos y difundió imágenes del propio Milei en el Movistar Arena montando un grotesco show, para subrayar, con ironía, a quién estaría favoreciendo Trump con fondos públicos. La grieta política norteamericana expone, además, que cualquier instrumento aprobado en Washington estará atravesado por debates internos sobre prioridades y costos políticos.
En el país, la oposición y numerosos economistas y organismos sociales advierten que la conjunción del aval técnico del FMI, el respaldo diplomático y el eventual auxilio financiero de EE.UU. configura una entente que podría acelerar reformas estructurales reclamadas por los acreedores: mayor apertura comercial, flexibilización laboral, desregulación y reformas del régimen de recursos naturales que faciliten inversiones extranjeras para su explotación. Desde la mirada crítica, eso equivale a la primarización de la economía y a la entrega de palancas estratégicas del Estado a actores privados extranjeros, con el correlato inevitable de ajuste sobre ingresos, jubilaciones y gasto público. Informes y análisis recientes aluden asimismo al costo social y de derechos humanos de condicionalidades duras sobre protección social, salud y empleo.
La disputa interna en el equipo económico argentino
A la presión externa se suma una disputa interna no resuelta: fuentes consultadas y cobertura local señalan tensiones entre emisarios en Washington y distintos equipos argentinos sobre la letra fina del “auxilio” y las reformas exigidas para que se concrete. Mientras la Casa Rosada intenta mostrar gestos de normalización financiera —mensajes de calma a los mercados, negociaciones técnicas con el Tesoro—, la oposición acusa al Gobierno de subordinar la política económica a intereses extranjeros y reducir la capacidad de decisión nacional sobre recursos estratégicos.
A quince días de las urnas, la escena adquiere una doble lectura: por un lado, el oficialismo exhibe respaldos internacionales que, en su narrativa, legitimarán las medidas de “orden” y estabilidad. Por otro, el rechazo público de sectores sociales, sindicatos y parte de la elite política internacional (y, en EE.UU., de miembros del propio partido demócrata) permite argumentar que la senda que se propone descargaría costos sobre trabajadores, jubilados y servicios públicos. En ese relato, el consentimiento externo —sea el del FMI o de potencias— no es un aval técnico neutro, sino un elemento de campaña que modifica el eje del conflicto político: no sólo se disputa qué hacer con la economía, sino quién define las reglas del juego.
Las próximas dos semanas serán decisivas para dirimir si las intervenciones internacionales terminan por consolidar un programa de ajuste con respaldo externo o si la presión social y política logran frenar medidas que, según críticos, implican despojo de soberanía y ajuste. La experiencia histórica argentina sugiere que los paquetes condicionados por acreedores y potencias suelen dejar secuelas duraderas en la trama social y productiva del país. Más allá del resultado electoral, la discusión sobre quién define las prioridades económicas (gobierno propio, FMI, o capitales extranjeros) y con qué contrapartidas, seguirá siendo el epicentro de la vida pública en los meses venideros.
