Según la UCA, uno de cada seis asalariados pasa hambre

Un nuevo informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) expone una realidad inquietante: el empleo no basta para evitar el hambre. El estudio, que incorpora el promedio de los últimos tres años y se realizó en centros urbanos de más de 80.000 habitantes con una muestra de 2.894 personas mayores de 18 años, muestra que la inseguridad alimentaria alcanzó al 19,6% de los ocupados —un porcentaje que combina situaciones moderadas y severas— y revela fuertes desigualdades según la forma de inserción laboral, el territorio y el género.

La inseguridad alimentaria se construye a partir de las respuestas de los hogares sobre acceso y calidad de los alimentos: se consulta si adultos o niños redujeron porciones o sintieron hambre en los últimos 12 meses por falta de dinero. Con esa regla, el informe distingue entre inseguridad moderada y severa: el 8,1% de los ocupados se encuentra en situación severa y el 11,5% en una situación moderada, lo que suma el 19,6% mencionado.

Empleo no es sinónimo de protección social
El estudio pone de relieve que no todos los empleos ofrecen igual grado de protección. Entre los asalariados en general, el porcentaje de quienes atraviesan inseguridad alimentaria ronda el 15%, pero la situación empeora claramente entre quienes trabajan en condiciones precarias: los informales y cuentapropistas alcanzan un 25% de inseguridad alimentaria. Dentro de los asalariados, la diferencia entre quienes tienen aportes y quienes no es abismal: solo el 7,4% de los asalariados registrados padece inseguridad alimentaria, frente a el 30,3% entre quienes figuran sin aportes.

La precariedad, la pérdida del poder adquisitivo y la informalidad aparecen señaladas por la UCA como motores centrales del fenómeno: tener empleo deja de ser garantía de acceso suficiente y de calidad a la alimentación cotidiana.

El análisis temporal de la ODSA muestra una dinámica adversa en los últimos tres años. Mientras que en 2022 el 17,3% de los ocupados había reportado inseguridad alimentaria, en 2023 el indicador subió al 18,8% y en 2024 alcanzó el 22,5%, su máximo en ese período. En ese salto, los cuentapropistas resultaron los más golpeados: su incidencia subió de 22,1% a 31,8% en un solo año. En contraste, los asalariados formales experimentaron una leve mejoría anual, pasando de 9,1% a 7,8%.

Brechas territoriales y de género
El informe evidencia además marcadas desigualdades geográficas. En el conurbano bonaerense, el 18,9% de los asalariados enfrenta inseguridad alimentaria; en las ciudades del interior el indicador baja a 14,8%; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sitúa en 7,1%. Entre los asalariados con aportes, las diferencias son aún más pronunciadas: 10,5% en el conurbano, 7,4% en el interior y apenas 1,8% en CABA.

La dimensión de género también asoma con claridad: entre los asalariados registrados la inseguridad alimentaria afecta al 8,5% de las mujeres, frente al 6,6% de los varones, lo que refleja cómo la precariedad laboral y la sobrecarga de cuidados inciden de forma diferenciada.

Calidad alimentaria en retroceso
Ianina Tuñón, investigadora de la UCA y coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, señaló que “de 2025 todavía no hay datos, pero es posible que el índice haya mejorado, en sintonía con la merma de la pobreza y la indigencia, aunque las dinámicas de consumo cambiaron”. A su vez remarcó que “uno de los aspectos más afectados en 2024 fue la calidad de los alimentos consumidos”, una señal de que muchas familias mantienen la cantidad de comidas pero ven deteriorada su calidad nutricional.

El informe traza así el perfil de lo que podría denominarse el trabajador pobre: personas ocupadas que, pese a estar insertas en el mercado laboral, no cuentan con ingresos reales suficientes ni con condiciones laborales que protejan su acceso a una dieta adecuada. El fenómeno está íntimamente ligado a la informalidad, la precarización y la pérdida del poder adquisitivo, y no puede explicarse solo por efectos cíclicos del mercado de trabajo.

Contexto político y discusiones sobre reformas laborales
En un contexto en el que el Gobierno impulsa debates sobre cambios laborales, los datos de la UCA funcionan como una alerta: la creación o sostenimiento del empleo, por sí sola, no resuelve la crisis alimentaria si no se acompaña de políticas que garanticen ingresos reales, protección social efectiva y derechos laborales. La encuesta obliga a repensar las recetas que asumen que el empleo formalizará automáticamente la seguridad alimentaria sin atender la calidad del salario y la cobertura social.

La Encuesta de la Deuda Social Argentina devuelve un diagnóstico contundente: el trabajo dejó de ser, para una porción no menor de la población ocupada, una barrera contra el hambre. El avance de la informalidad y la precariedad amenazan no solo el poder adquisitivo sino también la nutrición de millones. Frente a esa realidad, las políticas públicas –desde la recomposición salarial hasta la extensión de derechos y la contención social— deberán ser evaluadas por su capacidad real de garantizar que la ocupación laboral signifique, de verdad, seguridad alimentaria. Mientras tanto, los resultados de la UCA instalan una pregunta central para la agenda pública: ¿será el debate sobre empleo un discurso o un instrumento para garantizar el derecho a la alimentación?

Foto: La Izquierda Diario