Aumenta la luz y la lectura de medidores será mensual
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formalizó, mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires: Edenor y Edesur. Las medidas, que entraron en vigencia a partir del 1 de noviembre, combinan un incremento en el componente que remunera a las empresas distribuidoras —el Costo Propio de Distribución (CPD)— con la autorización para pasar de la facturación bimestral a la lectura y facturación mensual para la categoría Tarifa 1 (pequeñas demandas).
Según las resoluciones, el ajuste del CPD será del 3,6% para usuarios de Edenor y del 3,53% para los de Edesur, respecto de las tarifas de octubre; porcentajes que se suman a la estructura tarifaria conformada por el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) para el período noviembre 2025–abril 2026.
La decisión se encuadra en la instrucción de la secretaría de Energía, dependiente del ministerio de Economía, de “continuar con la actualización de los precios relativos” en el marco de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023, según el texto oficial. El ENRE además exigió que las facturas identifiquen de forma visible el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, una medida de transparencia que, en los hechos, busca mostrar cuánto paga el Estado y cuánto pagan los usuarios.
La segmentación de usuarios residenciales —manteniendo los tres niveles vigentes (Nivel 1: sin subsidio; Nivel 2: hogares de menores ingresos; Nivel 3: ingresos medios)— continuará rigiendo y los grupos de menores ingresos mantendrán las bonificaciones y topes de consumo dispuestos por la Secretaría. También se aprobaron tarifas especiales para clubes de barrio y entidades de bien público, valores de inyección para usuarios-generadores y actualizaciones de los costos aplicables ante cortes o deficiencias de servicio (CESMC y CENS).
Uno de los cambios más relevantes para millones de hogares y pequeños comercios es la migración hacia la lectura mensual. El ENRE habilitó a Edenor y Edesur a implementar este esquema para la Tarifa 1 argumentando que el régimen vigente (medición bimestral con facturación que deslizaba consumos) generaba desfasajes entre lo consumido y lo facturado, y que la mensualización permitiría al usuario una “señal más clara, transparente y oportuna” de su consumo. Las empresas contaron además con la aceptación técnica del organismo para un período de transición y la posibilidad de planes de pago para saldos remanentes.
El ENRE fijó condiciones para la migración: las distribuidoras tienen plazos acotados para iniciar las acciones (deberán comenzar dentro de los 30 días corridos desde la vigencia de la norma), presentar cronogramas, metodología y modelos de facturación de transición, y segmentar los ajustes derivados del cambio en al menos dos facturas, bajo la leyenda “Ajuste migración mensual”. También podrá existir convivencia temporal de ambos esquemas de lectura durante el tránsito.
El organismo aceptó, además, la suspensión temporal de sanciones mientras se ejecuta la migración operativa —una solicitud formulada por las distribuidoras que incluyó la descripción de inversiones y cambios tecnológicos necesarios— y autorizó planes de hasta seis cuotas para los usuarios que registren saldos asociados al sistema anterior.
Un anuncio con doble filo: previsibilidad o mayor presión sobre los bolsillos
Desde la mirada oficial, la mensualización acerca la medición al consumo real y alivia la confusión que generaba la facturación desfasada. Pero la combinación de subas periódicas —aunque moderadas mes a mes— y un esquema de facturación más frecuente plantea riesgos para los hogares con ingresos ajustados: recibir una boleta cada mes puede exponer con mayor continuidad la presión sobre el presupuesto familiar y multiplicar la sensación de “agotamiento” frente al pago recurrente, sobre todo si los aumentos se acumulan con otros servicios y precios.
La autorización oficial para que las facturas muestren claramente el monto subsidiado por el Estado puede ser un avance en transparencia; sin embargo, en el contexto de una política que viene recortando subsidios y actualizando tarifas en forma sucesiva, esa claridad no elimina el costo real que pesan sobre usuarios. En particular, los hogares de menores ingresos y los pequeños comercios entrevistados en anteriores olas de análisis sociales, suelen señalar que la lógica tarifaria acaba por competir con otros gastos básicos —alimentos, transporte, salud— y que la mensualidad de la boleta no necesariamente aliviana la capacidad de pago.
La resolución se enmarca además en un discurso de modernización: la lectura mensual se considera compatible con la futura implementación de medidores inteligentes y la digitalización del sistema eléctrico. El ENRE sostuvo que, aun si la propuesta hubiera sido rechazada ahora, la migración hacia reglas de lectura más frecuentes sería inevitable para acompañar la digitalización. No obstante, la modernización técnica plantea demandas de inversión y ajuste operativo que suelen trasladarse, total o parcialmente, a los consumidores en contextos de liberalización y desregulación.
La resolución prevé algunos mecanismos de mitigación —planes de pago, límites a los cortes por deudas derivadas de la migración y la identificación explícita de rubros en la factura—, pero no resuelve cuestiones estructurales: la cuestión central sigue siendo cómo se distribuyen los costos entre Estado, empresas y usuarios, y qué protecciones efectivas existen para hogares vulnerables frente a aumentos sucesivos. Organizaciones de usuarios y sectores de la oposición ya advirtieron sobre la necesidad de controles estrictos y de políticas compensatorias que eviten transferir carga social a los consumidores.
En definitiva, las resoluciones del ENRE formalizan un ajuste tarifario que, en términos estrictos, resulta acotado para este mes pero que llega acompañando decisiones de fondo: continuidad de la actualización de precios relativos de los servicios públicos, aceleración de la facturación y un perfil de modernización tecnológica que debería ir acompañado de salvaguardias sociales concretas. La respuesta dependerá de la vigilancia pública y de las políticas compensatorias que el Ejecutivo y los reguladores estén dispuestos a instrumentar.
