Casi se duplica el precio del gas en origen. ¿Y en los bolsillos?
En plena ola polar, el gobierno nacional vuelve a evidenciar su improvisación energética al autorizar este lunes a Cammesa a pagar hasta 7,5 dólares por millón de BTU en el mercado spot, un precio que supera en más de un 60 % la tarifa máxima prevista en el Plan Gas. Con esta medida excepcional, disfrazada de “ajuste responsable” para garantizar el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, se confirma que la estrategia oficial de mantener el precio del gas bajo control fracasó estrepitosamente.
A comienzos de julio, la escasez ya había obligado a interrumpir el servicio en industrias y estaciones de GNC, e incluso dejaron sin calefacción a Mar del Plata. Aquellas subastas vacías, donde ningún productor aceptó vender a los 4,45 dólares que estipula el Plan Gas, fueron la señal clara de que el Estado no había calculado ni cubierto los costos reales de extracción y transporte. Ahora, ante la urgencia, la secretaría de Energía –bajo la responsabilidad de María Tettamanti– eleva sin pudor la oferta oficial, reconociendo implícitamente que su propia política había quedado desfasada.
Aunque se esgrima que pagar más sigue siendo más barato que importar GNL de emergencia (con precios que oscilan entre 12 y 14 dólares por millón de BTU) o recurrir a gasoil y fueloil, el verdadero problema no es el costo comparativo, sino la torpeza de haber mantenido tarifas irrealistas durante los meses más fríos. La excusa de “sincerar costos” para evitar cortes encubre, en realidad, la falta de previsión y de inversiones en infraestructura y reservas estratégicas.
Esta autorización inédita a Cammesa rompe también con la vieja práctica de ofrecer el 90 % del Plan Gas a las grandes productoras –YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, PAE, Pluspetrol– confiando en que aceptarían un precio artificialmente bajo. Aquella apuesta sin respaldo se demostró tan ilusoria como estéril, y ahora la subasta especial en MEGSA se presenta con tarifas que admiten la excepcionalidad de la emergencia, pero no la ineficiencia que la originó.
El impacto de esta descoordinación recae, en última instancia, en los usuarios y en la industria nacional, que asumen riesgos de apagones o costos crecientes en sus tarifas eléctricas. La política de contención de precios se muestra aquí no como un beneficio social, sino como un riesgo permanente de desabastecimiento bajo la excusa de “preservar el bolsillo” de la población y el desdibujamiento de contener la inflación sea como sea, por lo menos hasta las elecciones de octubre.
En lugar de reconocer sus errores y diseñar un plan energético de largo plazo, el Ejecutivo opta por parches caros y urgentes, que solo posponen el problema y cargan la incertidumbre sobre el futuro consumo doméstico e industrial. Mientras tanto, la factura política de esta improvisación sigue en aumento: un nuevo invierno y la promesa incumplida de un servicio confiable del gas.
