Denuncian a Francos por frenar la emergencia en discapacidad

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 — Emergencia Nacional en Discapacidad, pero condicionó su implementación: mediante el Decreto 681/2025 la norma fue publicada, aunque la “ejecución” quedó suspendida hasta que el Congreso determine y apruebe las partidas que la financien. La decisión, que formalmente cumple con la obligación de convertir en decreto una ley que el Parlamento insistió, desató este martes una fuerte reacción de la oposición y de organizaciones del sector

En simultáneo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dictó la Decisión Administrativa 24/2025, por la cual se reasignaron créditos dentro del presupuesto vigente para reforzar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y actualizar aranceles a prestadores a partir del 1° de octubre. La medida técnica implicó un aumento de recursos que, según el texto oficial y la cobertura periodística, supera los 121.000 millones de pesos. Pero la maniobra fue leída por la oposición y por organizaciones como un parche coyuntural que no sustituye la asignación estructural que exige la ley.

La reacción política no tardó. Legisladores del bloque Encuentro Federal presentaron un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y promover una moción de censura, que lleva las firmas de referentes como Oscar Agost Carreño y otros diputados que hicieron eje en lo que consideran un “incumplimiento” de una norma sancionada por el Congreso. Para la oposición, la firma del decreto que promulga y, a la vez, suspende la aplicación constituye una maniobra que vulnera la intención del Parlamento.

El episodio también desembocó en el terreno judicial. El diputado Esteban Paulón amplió la denuncia penal en Comodoro Py contra el Presidente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y calificó la iniciativa oficial como nula —un planteo que ya fue formalizado ante el juzgado correspondiente. Paulón sostiene que la ley establece mecanismos concretos de reasignación presupuestaria a cargo del propio Ejecutivo y que, por tanto, la suspensión resulta inconstitucional.

Desde las organizaciones que vienen reclamando hace años una respuesta integral al desfinanciamiento del sistema, la lectura es tajante: la maniobra posterga derechos y obliga a las familias y a los prestadores a seguir lidiando con retrasos y deudas. Para los prestadores, la reasignación puntual puede aliviar tensiones inmediatas —por ejemplo, la actualización de aranceles—, pero no resuelve la emergencia estructural que la ley pretende atender.

En los argumentos de Encuentro Federal, el eje de la denuncia política incluye la supuesta violación de la división de poderes, el incumplimiento en la asignación de partidas y el quebrantamiento de normas de administración financiera como causas que justificarían la remoción del jefe de Gabinete si prospera la moción. La iniciativa, además, suma a exfuncionarios y referentes que rompieron con el oficialismo y ahora empujan desde la oposición para convertir la sanción formal en políticas con presupuesto y calendario de ejecución.

Para quienes siguen la trama desde la sociedad civil, el reclamo es claro: promulgar no alcanza. La urgencia está en que la norma deje de ser un acto formal y se transforme en una política pública debidamente financiada que ponga fin a años de subejecución y mora en los pagos. La diferencia entre promulgar y aplicar, con consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de miles de personas, es hoy el centro de una controversia que promete seguir en las horas y semanas próximas.