Deprecian el Sistema Nacional de Manejo del Fuego
El reciente decreto del gobierno nacional que transfiere el Sistema Nacional de Manejo del Fuego desde el ámbito del ministerio de Ambiente al ministerio de Seguridad, ha desatado críticas desde diversos sectores. Bajo la premisa de «mayor eficiencia», el Ejecutivo, liderado por Javier Milei, justifica esta medida aludiendo a la necesidad de abordar los incendios forestales desde una perspectiva de seguridad en lugar de ambiental. Sin embargo, esta decisión parece enmarcarse en una lógica que prioriza intereses económicos por sobre el cuidado del medio ambiente.
Una política de retroceso ambiental
El cambio de jurisdicción llega en un contexto delicado: el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que ya ha devastado más de 1.800 hectáreas, según informes oficiales. Este desastre, ocasionado por un rayo durante una tormenta eléctrica, pone en evidencia la urgencia de una política ambiental sólida. Sin embargo, la decisión de manejar los incendios desde Seguridad, más que una respuesta eficaz, parece ser un retroceso en términos de conservación y manejo responsable de los recursos naturales.
El abogado ambientalista Enrique Viale calificó el decreto como parte de “una visión negacionista de la crisis climática y ecológica” que caracteriza a la gestión actual. Por su parte, Hernán Mondino, delegado en Alerces, advirtió que esta decisión remite al modelo implementado durante el macrismo, donde los intereses de seguridad prevalecían sobre los ambientales. Mondino también expresó su preocupación por el destino del fideicomiso destinado al manejo del fuego, señalando posibles implicancias económicas detrás del cambio.
Despidos y precarización laboral
La reestructuración también ha generado incertidumbre entre los brigadistas, quienes enfrentan la no renovación de contratos y más de 20 despidos confirmados en distintos parques nacionales. Desde la Coordinación Nacional de ATE en Parques Nacionales, denunciaron que estas políticas buscan «vaciar el organismo, desconocer su historia y debilitar su capacidad de planificación«.
El comunicado subraya que las decisiones actuales no solo afectan la protección de áreas naturales, sino que también desmantelan equipos de trabajo experimentados y comprometidos con la conservación, dejando en la calle a personal capacitado en tareas esenciales para la preservación ambiental.
¿Gestión ambiental o desguace institucional?
Este cambio administrativo se suma a otras medidas que han generado polémica, como el dictamen favorable en el Senado para derogar la Ley 27.604, que prohíbe el uso de áreas afectadas por incendios forestales para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios. La acumulación de estas decisiones dibuja un panorama preocupante: una gestión que parece más interesada en desregular y abrir camino a intereses privados que en proteger el patrimonio natural del país.
La medida, lejos de mejorar la eficiencia en el manejo del fuego, representa una amenaza para la conservación ambiental y un duro golpe a las políticas de cuidado de los ecosistemas. Con un enfoque que prioriza la seguridad sobre la sostenibilidad, el gobierno nacional pone en jaque no solo la gestión de los incendios forestales, sino también el futuro de los recursos naturales que son patrimonio de todos los argentinos.
