Desguace: Milei avanza sobre el INTI y el INTA
El Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto que implicará la reorganización y pérdida de autonomía de al menos ocho entidades estatales dedicadas a la investigación aplicada en la producción industrial y agropecuaria, entre ellas el INTA y el INTI. La iniciativa, impulsada bajo el argumento de reducir el gasto público, ha sido duramente cuestionada por diversos sectores que acusan al oficialismo de desmantelar estructuras fundamentales para el desarrollo nacional.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya tiene en su poder el documento que oficializará estos cambios en las próximas horas. Las modificaciones suponen un reordenamiento profundo: organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) perderán su estatus y capacidad de autogestión. En tanto, se dispondrá la disolución de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Según el texto del «proyecto de decreto delegado – Mecon», otras entidades, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), serán modificadas estructuralmente. El plan también incluye la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, cuyas funciones pasarán a Agricultura y ANMAT.
En el caso del INTA, se plantea una reestructuración interna: su órgano directivo quedará bajo la presidencia del titular del organismo, quien será acompañado por un consejo técnico honorario de siete integrantes —cuatro elegidos por el sector agropecuario y tres designados por el Poder Ejecutivo—. Este cambio reduce el número de miembros del consejo de diez a siete y le quita al organismo el control de más de 300 agencias de extensión territorial y 15 centros regionales. Algunas de estas dependencias están directamente amenazadas de cierre.
Una fuente con conocimiento directo de la situación advirtió que “se está eliminando la presencia territorial del INTA, que es esencial para la vinculación con productores y gobiernos locales. Todo quedará bajo la órbita de Buenos Aires; es una concentración total”.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también sufrirá una profunda modificación: pasará a ser una unidad dependiente de la secretaría de Industria y Comercio. Según el análisis oficial, el organismo tiene una estructura sobredimensionada, con 250 reparticiones y un 30% de sus recursos humanos en la administración central. Desde el Gobierno admiten que será absorbido por una dependencia de Comercio.
La asamblea multisectorial del INTI denunció que esta medida pondría en riesgo al menos 700 empleos, al tiempo que implica la pérdida de su capacidad operativa y financiera. Al quitarle el manejo de los fondos que genera por la prestación de servicios, “se anula su autonomía y se lo condena al vaciamiento”, indicaron desde el colectivo, que convocó a una protesta en la sede del organismo este lunes a las 10 de la mañana.
El argumento oficial que justifica este proceso es que la descentralización llevó a una supuesta inflación de cargos jerárquicos —según cifras del Gobierno, se cuentan 932—, aunque fuentes internas denuncian que estos números han sido manipulados para justificar despidos y retiros voluntarios.
También se eliminará la Comisión Nacional de Semillas, y en su reemplazo se constituirá un Comité Asesor de carácter honorario en el ámbito del ministerio de Agricultura. Por su parte, el INV pasará a ser una unidad dentro de esta misma cartera, mientras que el fondo de apoyo a la vitivinicultura será eliminado. En cuanto al INPI, perderá su independencia administrativa.
Los críticos del gobierno de Javier Milei aseguran que estas decisiones responden a los intereses de los grupos económicos concentrados, que buscan debilitar toda herramienta estatal que contribuya al fortalecimiento de la producción local. “Nos endeudan y nos dejan sin instrumentos para defender nuestra industria y soberanía sobre los recursos productivos”, denuncian desde sectores sindicales y académicos.
