Día para visibilizar la red de tareas invisibles cotidianas

Hoy, en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la agenda pública vuelve la vista sobre lo que sostiene la vida: una red invisible de tareas —preparar comidas, acompañar turnos médicos, llevar y traer a la escuela, cuidar a personas mayores o con discapacidad— que mantiene hogares, comunidades y economías a flote. La jornada proclamada por la ONU pretende visibilizar, valorar y reclamar medidas concretas para reducir y redistribuir ese trabajo que recae, de modo desproporcionado, sobre las mujeres.

El cuidado atraviesa todo el día: no es un capítulo al final del día sino la trama de la reproducción social. Y sin embargo, buena parte de ese esfuerzo suele quedar fuera de los balances oficiales, invisibilizado en la esfera privada. El INDEC lo dejó en números: según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021), las argentinas destinan casi el doble de horas diarias al trabajo de cuidado que los varones —más de seis horas frente a tres y media—, una brecha que explica por qué muchas mujeres terminan cargando con la doble jornada.

Esas horas tienen impacto económico: la canasta de crianza publicada por el INDEC en agosto de 2025 estimó valores mensuales que oscilan —dependiendo del tamaño del hogar— entre aproximadamente $432.000 y $542.000, sumando presión sobre familias que ya batallan para llegar a fin de mes. En muchos casos, esa tensión se traduce en hogares monoparentales —en su mayoría liderados por mujeres— y en el incumplimiento sistemático de las cuotas alimentarias: UNICEF registra que más de la mitad de las madres a cargo no percibe la cuota alimentaria cuando el progenitor no convive.

Adolescentes que cuidan: el futuro que se demora
La vulnerabilidad se reproduce entre generaciones. Un estudio de UNICEF y ELA mostró que casi 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años realizan tareas de cuidado intensivas en el hogar; quienes cuidan destinan en promedio 3 horas y 30 minutos diarias a esas tareas, y las adolescentes dedican mucho más tiempo que los varones. Es una forma de trabajo no remunerado que condiciona su rendimiento escolar, su salud y sus oportunidades de futuro.

Discapacidad y cuidados: una carga privatizada
Casi 5 millones de personas en Argentina tienen alguna discapacidad (población mayor de 6 años), según datos oficiales, y una proporción alta de sus necesidades de apoyo es provista por los hogares. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la mayoría de las personas con discapacidad necesita asistencia habitual y gran parte del costo de apoyos recae sobre las familias. Eso explica por qué convivir con una persona con discapacidad eleva las probabilidades de inactividad laboral entre las mujeres y obliga a postergar proyectos personales y laborales. El cuidado, en estos casos, es una obligación que pesa mayormente sobre los cuerpos femeninos.

Una sentencia regional que cambia el marco jurídico
En junio de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-31/25, que reconoció por primera vez el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y definió sus dimensiones —derecho a ser cuidado, derecho a cuidar y derecho al autocuidado— y la obligación de los Estados de garantizarlo. Ese pronunciamiento desplaza el cuidado del terreno de lo privado a lo público: deja en claro que el Estado debe garantizar servicios, licencias, financiamiento y políticas que permitan cuidar con dignidad y distribuir responsabilidades. Es un antecedente jurisprudencial clave para exigir transformaciones profundas en políticas públicas.

Invertir en cuidados no es gasto: es política de empleo y justicia
La evidencia internacional y nacional indica que invertir en economía del cuidado no sólo reduce desigualdades de género, sino que puede generar empleo. Estudios vinculados a la OIT muestran que, en escenarios de inversión pública sostenida, la economía del cuidado podría crear entre varios cientos de miles y más de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030 en Argentina entre educación, salud y cuidados de larga duración, según diferentes escenarios técnicos. Convertir la asistencia en política pública robusta es, por tanto, una palanca tanto para la igualdad como para la reactivación económica.

Qué políticas hacen falta —y con qué urgencia
La hoja de ruta para cuidar mejor y con más justicia tiene ejes conocidos, consensuados por organizaciones sociales, especialistas y organismos internacionales, pero demasiado lentos en su concreción. Entre las medidas prioritarias:

• Sistemas integrales de servicios de cuidado: jardines, salas de 0–3 años, centros de día y apoyos domiciliarios accesibles y de calidad.
• Licencias parentales igualitarias y ampliadas para promover corresponsabilidad.
• Regulación y financiamiento de apoyos para personas con discapacidad (ayudas técnicas, prestaciones, acompañamiento profesional).
• Protección laboral real para quienes cuidan: horarios flexibles, protección de la antigüedad, prestaciones sociales y reconocimiento del trabajo de cuidados en los mecanismos de jubilación.
• Extensión y fortalecimiento de la educación con jornada ampliada y espacios recreativos gratuitos.
• Financiamiento estable (no circunscripto a programas temporales) y mecanismos de control para garantizar que las transferencias (AUH/AUE) no se licúen por decisiones presupuestarias.
• Profesionalización y salarios dignos para el personal del cuidado remunerado, con planes de formación y formalización laboral.

Esas medidas, además de ser una deuda de justicia, son inversión: la OIT y otras agencias han mostrado que las políticas de cuidados pueden convertirse en motores de empleo y crecimiento inclusivo.

Voces que piden otro ritmo
“Cuidar es un derecho humano que reconoce que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse”, afirmó Laura Pautassi, entre las voces que acompañan la lectura de la Opinión Consultiva de la Corte. Para organizaciones de mujeres, colectivos por la discapacidad y movimientos sociales, el reconocimiento jurídico debe traducirse en presupuesto, leyes y servicios. En la práctica cotidiana, las demandas son puntuales: más jardines y guarderías públicas, políticas que aseguren la reposición de ingresos cuando se interrumpe la actividad por cuidados y medidas concretas para aliviar la sobrecarga de las familias.

El debate sobre el cuidado no es sólo técnico: es una disputa sobre qué Estado queremos. En un contexto de recortes presupuestarios y reformas que anuncian cambios en prestaciones sociales, la vulnerabilidad de las familias y, en particular, de las mujeres, puede agravarse. La Corte IDH marcó el rumbo jurídico; la encuesta de uso del tiempo y los datos sobre canasta de crianza describen la emergencia material; la sociedad, y en especial las juventudes y los hogares con personas con discapacidad, dan testimonios que no se pueden soslayar. Traducción práctica: sin decisión política y recursos, el derecho al cuidado quedará en buenas intenciones.

Hoy, en el Día Internacional de los Cuidados, la tarea de los medios y de la política es no dejar que la fecha sea solamente un gesto simbólico. Es tiempo de poner en agenda leyes integrales, presupuestos destinados, y marcos de corresponsabilidad que combinen familia, Estado, empresas y comunidad. Cuidar en igualdad no es un lujo: es la condición para que millones de personas puedan desarrollar proyectos de vida con derechos.