El ajuste que arrasa: empresas cerradas y empleos perdidos
En apenas un año y medio de gestión, el programa económico impulsado por Javier Milei dejó una huella que ya no puede disimularse con eufemismos: 18.083 empresas cerradas y 253.728 puestos de trabajo registrados menos en el sector privado entre noviembre de 2023 y julio de 2025. Es decir: casi 30 firmas que bajaron las persianas y 416 empleos que se perdieron por día, según el recuento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El informe —que disecciona el impacto de la política de primarización, apertura importadora y ajuste fiscal— traza un mapa demoledor del derrumbe productivo: la contracción no es un brote aislado, sino una dinámica sostenida que atraviesa ramas enteras del entramado industrial, comercial y de servicios. “El ajuste, la recesión y la paralización de la obra pública impactaron de manera directa”, sintetiza el estudio, que además muestra la fuerte aceleración de cierres y despidos en lo que va de 2025.
Sectores en terapia intensiva
La radiografía por ramas confirma que los golpes fueron heterogéneos pero sin piedad: Transporte y Almacenamiento lideran la lista de empleadores que abandonaron el registro (4.468 empresas menos); le siguen Comercio minorista y mayorista (−3.131), Servicios inmobiliarios (−2.829), Actividades profesionales y técnicas (−1.952) y Construcción (−1.737). En el conjunto del período, la construcción y el transporte figuran entre los más castigados por la caída de la demanda y la paralización de obras públicas.
Los números de 2025 acentúan la tendencia. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, la cantidad de empleadores registrados pasó de 499.682 a 494.274, mientras que los trabajadores registrados cayeron de 9.647.751 a 9.603.445: 44.306 puestos menos en apenas siete meses. En la cuenta anual, la construcción sola explica 83.803 empleos perdidos; la Administración Pública aporta 75.435 puestos menos y Transporte y Almacenamiento suma 55.259 empleos destruidos.
El ajuste no fue parejo por tamaño empresarial. El CEPA advierte que el 65,6% de los despidos —166.538 puestos— corresponden a firmas con más de 500 trabajadores; el resto (87.190 empleos) se concentra en empresas de menor porte. Ese dato desmiente la narrativa oficial que achaca la caída del empleo solamente a las pymes: los gigantes productivos y financieros fueron quienes más desmontaron planteles, con efectos multiplicadores sobre proveedores y economías regionales.
La metalurgia, la “madre de industrias”, en caída libre
Si hay un termómetro de la salud industrial es la metalurgia: el último informe sectorial de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) registró en septiembre una caída interanual del 5,2% y una merma mensual del 1,1%, con una utilización de capacidad instalada que descendió 5,6 puntos respecto al año anterior y quedó en niveles similares a los de la pandemia. La producción metalúrgica trabaja hoy por debajo de los niveles preexistentes y acumula una expansión prácticamente nula (0,7% en el año), con una distancia del 30% respecto a sus picos históricos. ADIMRA lanzó un pedido urgente al Poder Ejecutivo: si no se pone en marcha una política que priorice la producción nacional, se seguirá pagando en empleo.
El informe de CEPA vincula además la apertura casi irrestricta de importaciones con la destrucción acelerada de empresas nacionales. Lo barato que entra del exterior genera un boom momentáneo de consumo, pero la consecuencia más inmediata es el desplazamiento de la producción local, y con ella el cierre de plantas y la pérdida de trabajo. Esa combinación —aperturismo comercial más ajuste y baja de la obra pública— explica en buena medida la simultaneidad entre cierres empresariales y caída del empleo formal.
Consecuencias sociales y política económica
Más allá de la estadística, el saldo es socialmente devastador: familias que pierden ingresos estables, proveedores que ven reducir su facturación y municipios que sufren la merma en la recaudación y la actividad. El patrón que describe CEPA —contracción de empleadores, concentración de despidos en grandes empresas y estancamiento de sectores clave— compone el mapa de un modelo económico que favorece la financiarización y castiga la economía real. Diversos análisis y cámaras industriales coinciden en la urgencia de políticas activas para sostener el empleo y la producción, algo que hasta ahora no aparece con claridad en las decisiones de gobierno.
Los autores del estudio y las entidades empresarias reclaman medidas que no pasen sólo por parches transitorios: reactivación de la obra pública con criterios de industrialización, barreras inteligentes a importaciones cuando amenacen la producción estratégica, créditos direccionados para pymes industriales y programas de empleo que reactiven cadenas de valor. El interrogante político es claro: ¿seguirá el rumbo que favorece la timba financiera y la primarización, o se abrirá un sendero en favor de la producción y el trabajo? Los números, mientras tanto, no demoran en dictar sentencia en la vida cotidiana de millones de argentinos.
El informe del CEPA y las alertas de ADIMRA son, en definitiva, dos señales de alarma: no se trata sólo de estadísticas sino de elección de modelo. Si la política continúa sin priorizar la actividad productiva, la demorada recuperación —y la posibilidad de reconstruir el mercado interno— quedará cada vez más lejos. Y detrás de ese horizonte están los miles de empleos ya perdidos y las empresas que no volverán a abrir sus puertas.
