El Congreso deja acéfala la Defensoría de la Niñez
El Congreso Nacional resolvió hoy un giro determinante al cesar de sus funciones a la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham (foto), quien seguía en el cargo pese a que su mandato había finalizado el 28 de febrero pasado. La medida, que también incluye al defensor adjunto Juan Facundo Hernández, fue adoptada por mayoría simple en la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la revocación de la resolución 1/25 que había extendido sus funciones de forma provisoria.
El apartamiento de Graham deja acéfala a la Defensoría de la Niñez, generando una situación crítica: cientos de expedientes que requieren seguimiento y resolución quedarían en pausa. Diversas entidades dedicadas a la protección de la infancia ya habían advertido sobre el impacto negativo de un organismo sin conducción, señalando que más de 400 causas permanecen sin avance.
Desde el bloque Unión por la Patria, la diputada Paula Penacca responsabilizó directamente al gobierno nacional por no haber avanzado en la designación de nuevos funcionarios. Según Penacca, el oficialismo, con control en ambas cámaras, no priorizó el recambio institucional, y sostuvo que existen «acuerdos espurios» con el objetivo de intervenir políticamente el organismo y colocar «a dedo» una nueva conducción, debilitando así su autonomía.
La disputa en el Congreso dejó en evidencia las tensiones políticas que rodean el caso. Para legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, la prórroga del mandato de Graham carecía de legitimidad, al haber sido aprobada de forma interna sin intervención parlamentaria. El diputado libertario Nicolás Mayoraz fue uno de los más vehementes en su postura y cuestionó a la exdefensora por intentar, según él, «acomodar el sistema en función de su conveniencia«, y sentenció: “Es inadmisible que un funcionario pretenda estar por encima del órgano que integra”.
La salida de Graham no significa, sin embargo, que el organismo quedará inactivo por completo. Durante la misma reunión, se dio luz verde a una propuesta de la diputada María Eugenia Alianiello para iniciar un concurso público de antecedentes y oposición, destinado a seleccionar a los nuevos titulares. El proceso comenzará el 16 de junio, con el objetivo de restablecer la operatividad y garantizar la continuidad institucional de la Defensoría.
Cabe recordar que la figura del defensor de los derechos de la infancia fue creada por la Ley 26.061, sancionada en 2005, aunque recién en 2020 se concretó la designación formal de Marisa Graham y sus adjuntos —Juan Facundo Hernández y Marcelo Fabián Repetto—, luego de un extenso proceso de concurso.
A comienzos de este año, Graham había emitido una resolución que permitía extender de manera tácita su permanencia en el cargo y la de Hernández, con el argumento de evitar un vacío institucional mientras se resolvía el llamado a concurso. Si bien la medida fue respaldada por algunas organizaciones sociales, terminó siendo objetada y finalmente derogada.
La situación deja a la Defensoría en un estado de incertidumbre. Sin conducción efectiva y con múltiples causas en espera, los derechos de niños, niñas y adolescentes atraviesan un momento de alta vulnerabilidad en el país.
