El Gobierno nacional quita el subsidio a las garrafas
En un contexto de creciente pobreza y desigualdad, el Gobierno nacional ha avanzado en la liberalización del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas envasado. Esta decisión, formalizada a través de la resolución 15/2025 de la secretaría de Energía, busca alinear los precios locales del propano y butano con los valores internacionales y eliminar restricciones que limitaban la operatividad de las empresas del sector. Sin embargo, los efectos sobre la economía doméstica de millones de argentinos generan gran preocupación.
El gas envasado, esencial para cerca del 40% de la población que no cuenta con acceso a la red de gas natural, experimentará aumentos estimados entre el 20% y el 30%. Esto ocurre en un país donde el 60% de los habitantes vive por debajo de la línea de pobreza, lo que intensifica el impacto negativo de estas medidas en los sectores más vulnerables.
Los cambios en el mercado y sus implicancias
La nueva normativa implementa varios ajustes significativos. Por un lado, los precios máximos han sido reemplazados por precios de referencia, acercándolos al 90% de los valores internacionales. Por otro, los fraccionadores, responsables del 80% del mercado, ahora pueden elegir las bocas de carga, mientras que los cupos obligatorios para los productores han sido eliminados.
Según datos de EconoJournal, el precio de las garrafas de gas envasado es hasta 250% más alto que el del gas natural por red, cuya infraestructura fue desarrollada por el Estado y ya está amortizada. En contraste, la producción de GLP ha dependido exclusivamente de inversiones privadas, lo que encarece su costo final.
En 2024, el precio del gas envasado subió un 118%, en línea con la inflación. Sin embargo, el subsidio estatal, congelado durante el mismo período, perdió relevancia al representar apenas el 15% del precio real, una caída drástica desde el 80% inicial.
El Programa Hogar y la disparidad en los subsidios
Aunque desde la secretaría de Energía aseguran que el Programa Hogar continuará subsidiando a las familias más necesitadas, los ajustes aplicados reducen considerablemente el alcance de esta asistencia. Según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), en 2024 el gasto en este programa disminuyó un 46% en términos reales comparado con 2023.
Un debate necesario
El gobierno argumenta que estas medidas apuntan a incentivar la competencia y fomentar un mercado más eficiente. Sin embargo, para gran parte de la población, esta política representa una transferencia de costos hacia los trabajadores en beneficio de las empresas del sector energético.
Con salarios congelados y un aumento constante en el costo de vida, la brecha entre las políticas económicas y las necesidades sociales continúa ampliándose. La pregunta clave es: ¿hasta qué punto se puede priorizar la liberalización del mercado cuando millones de familias enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos como el gas?
