El proyecto de ley de Presupuesto, en la mira de los empresarios

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, que tiene como eje el superávit fiscal y una fuerte apuesta al equilibrio macroeconómico, se escucharon con rapidez las voces de los capitales industriales: no hubo un abrazo incondicional, sino un pedido explícito para que el ajuste vaya acompañado de reformas que aceleren la transferencia de costos sobre el trabajo y profundicen la apertura económica. Mientras tanto, los datos de la actividad muestran una fotografía contundente: en lo que va de la gestión, la desaparición de empresas supera con holgura los registros de gobiernos anteriores y sólo sectores extractivos —la minería en particular— exhiben dinamismo.

El número que encendió las alarmas proviene del recuento de la consultora Vectorial sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): entre noviembre de 2023 y la actualidad el país perdió alrededor de 16.322 empresas, una caída que promedia 859 cierres por mes —el doble, según la comparación que difundió la consultora, de los 492 cierres mensuales registrados durante la gestión de Mauricio Macri—. Esa magnitud no es un dato abstracto: implica fábricas cerradas, empleos que se esfuman y cadenas de valor que se deshilachan en distritos industriales que hasta hace poco sobrevivían gracias al mercado interno.

En medio de ese derrumbe del tejido productivo, la Unión Industrial Argentina (UIA) reaccionó con una mezcla de aplauso condicionado y reclamo práctico: valoró el compromiso con la estabilidad fiscal y la reducción de la inflación que propone el Ejecutivo, pero advirtió —como vienen repitiendo las cámaras— que la recuperación requiere acciones concretas sobre la “competitividad sistémica”: modernización laboral, presión tributaria, infraestructura, financiamiento productivo y formación. En síntesis, la UIA pide que el ajuste no se reduzca a un corte de gasto, sino que se complemente con reformas que permitan a la industria “ser competitiva” en términos que muchas veces implican flexibilización laboral y recortes fiscales.

Esa letra chica —la que suelen resumir como “reformas sobre los trabajadores”— fue explicitada sin ambages por los sectores empresarios: el comunicado de la UIA destaca la necesidad de avanzar en reformas estructurales para bajar el “costo argentino”, mientras que las federaciones de pymes y pequeñas industrias expresaron el gesto contrario: alarma y rechazo. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) consideró que el discurso presidencial contiene “una promesa de ajuste no negociable” orientada al mundo financiero y a actores extractivistas, y advirtió que el modelo anunciado deja afuera a la mayor parte de la economía real.

Desde el universo de las pymes industriales, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), dio voz al malestar con una fórmula clara: “Creemos que el equilibrio fiscal propuesto no tiene como ingrediente a la industria, las exportaciones, el mercado interno ni las fuentes de trabajo”, afirmó, y reclamó correcciones que permitan que el sector productivo sea parte —y no víctima— de la “transformación” que pretende el Gobierno. La advertencia de Rosato resume una paradoja central: los anuncios de equilibrio y contención convivirían con políticas que, en la práctica, están achicando la base productiva y favoreciendo sectores concentrados de la exportación.

El mapa sectorial es elocuente: mientras fábricas y comercios caen —con más de 16 mil empresas menos según el recuento mencionado—, la minería y ciertas actividades extractivas registran crecimiento y, sobre todo, captan la atención de los capitales transnacionales por los réditos en divisas. Las exportaciones mineras proyectan un salto que coloca al sector como uno de los pocos con saldo positivo en términos de empleo y balanza comercial; esa concentración productiva profundiza la dependencia del país de pocos commodities con alto grado de extracción de renta y baja encadenamiento industrial.

La lectura política que hacen sectores industriales y pymes es complementaria a la denuncia social: desde 2015 hacia acá el proceso se reconfiguró. Si con el macrismo la pérdida de empresas fue grave, con la llegada del Gobierno de la “gestión de las corporaciones” el vértigo del cierre se aceleró y se hizo más concentrado en ciertos rubros. Para una parte importante del empresariado pyme, el riesgo no es solo coyuntural (tasas, dólar, caída del consumo), sino estructural: apertura de importaciones, ausencia de políticas industriales activas y un modelo orientado a favorecer atractivos fiscales y regulatorios para grandes inversores externos. Esa tensión explica el doble sentido del comunicado de la UIA: respaldo a la estabilidad, pedido de reformas; y el reproche de APYME y de las pymes industriales, que piden que la ecuación contemple también la supervivencia del entramado productivo doméstico.

En el terreno político, la respuesta del Gobierno a la pérdida de apoyo en sectores populares y en parte del electorado provincial fue modular: incluir en el Presupuesto aumentos reales en capítulos sensibles y prometer gobernabilidad para atraer inversiones. Pero la pregunta que queda en la calle y en los talleres es otra: ¿a qué costo se logrará ese equilibrio fiscal? Para los gremios, las organizaciones sociales y buena parte del sector pyme, la respuesta ya está escrita en los cierres de empresas, en la caída del mercado interno y en la concentración de un puñado de sectores que salen ganando.

La puesta en marcha del Presupuesto 2026 y la reacción de cámaras y pymes dejan en claro dos cosas: primero, que la disputa no es sólo entre Gobierno y oposición, sino entre modelos de país; segundo, que la pulseada no será únicamente parlamentaria, sino económica y social, con efectos concretos en quién produce, quién emplea y qué sectores son prioridad estatal. Mientras la UIA reclama previsibilidad y reformas que reduzcan costos, las pymes piden que esa “previsibilidad” no signifique la extinción del mercado interno ni la entrega de la soberanía productiva a actores foráneos.

La industria, entonces, protesta y pide ser incluida; las pymes piden no ser sacrificadas; y el Estado, envuelto en el mandato del ajuste, apuesta a seducir a los capitales que hoy concentran las divisas. En la trama que se abre, la pregunta real es si quedará lugar para un proyecto de desarrollo con trabajo y encadenamientos productivos o si el país terminará de definir su inserción como proveedor de materias primas y plataformas extractivas para capitales extranjeros. Desde las fábricas cerradas hasta las oficinas de la UIA y los talleres de los delegados pymes, la respuesta se busca cada día en el número que más duele: el de las empresas que ya no están.