Estudian una reforma jubilatoria que afecta a la clase trabajadora

En declaraciones televisivas, Mariano de los Heros, director ejecutivo de la ANSES, adelantó que el actual gobierno nacional impulsará, antes de fin de año, una reforma en el sistema de jubilaciones que incluye modificaciones en la edad mínima para acceder al beneficio. La medida se enmarca en una estrategia que, según críticos, favorece a grandes grupos económicos y podría profundizar la precarización de las condiciones de vida de millones de trabajadores.

Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres a los 65, siempre que cumplan con 30 años de aportes. Desde 2018 se permite, en ciertos casos, prolongar la actividad laboral hasta los 70 años, una opción que surge en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de las pensiones. Sin embargo, de los Heros enfatizó que, una vez vencida la moratoria previsional el 23 de marzo, esa instancia quedará cerrada y «el que no llegue a los 30 años de aportes no tendrá derecho a la jubilación».

Diversos sectores señalan que esta exigencia afecta a más del 85% de los trabajadores, no necesariamente por falta de actividad laboral, sino por la frecuente omisión de aportes por parte de las empresas. Prácticas como la contratación informal o el manejo indebido de los descuentos destinados a la seguridad social, han sido identificadas como factores que impiden alcanzar el mínimo requerido para acceder a una jubilación completa.

Para mitigar este escenario, el gobierno prevé implementar la denominada “Prestación Proporcional”. Bajo este esquema, la cuantía de la jubilación se ajustaría a los años de contribución realizados, garantizando, a su vez, un haber mínimo equivalente al 80% de lo establecido por la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM). Esta alternativa, que fue eliminada de la Ley Bases en negociaciones previas, se presenta como la solución para quienes no logran completar los aportes requeridos.

La propuesta ha generado un intenso debate en el ambiente político y social. Críticos aseguran que se trata de una maniobra para favorecer los intereses de grandes monopolios y transnacionales, que históricamente han buscado modificar el tejido social y económico del país a costa de los derechos de los trabajadores. Recordando las movilizaciones de diciembre de 2017, cuando se protestó en masa contra una triple reforma (previsional, laboral y fiscal) durante el gobierno de Mauricio Macri, distintos actores sindicales y políticos reafirman su rechazo a políticas que, a su juicio, amenazan el bienestar de la clase trabajadora.

Figuras del ámbito político, como Axel Kicillof, han denunciado que, pese a haberse presentado con un discurso «contra la casta», el actual ejecutivo implementa un programa que prioriza los intereses de los grupos económicos concentrados. Según sus argumentos, este modelo de gobernanza representa una continuidad de políticas que, en elecciones anteriores, llevaron a que propuestas similares quedaran relegadas en favor de opciones que históricamente han defendido a la mayoría.

Otro punto de discusión es el señalado por el Fondo Monetario Internacional en 2018, cuando criticó el sistema previsional argentino por contar con regímenes especiales. Dichos regímenes, aplicables a sectores con condiciones particulares —como aquellos que se desempeñan en actividades de alto riesgo o en ambientes insalubres, por ejemplo, en minería o estibaje— permiten jubilarse con menos años de aportes o con montos superiores. Este detalle se suma a las críticas de quienes consideran que la reforma no solo atenta contra los derechos laborales, sino que también perpetúa un sistema que beneficia de manera desproporcionada a ciertos sectores económicos privilegiados.

Ante este panorama, diversos colectivos y organizaciones sociales ya se movilizan para construir estrategias que defiendan una vida digna para todos los trabajadores. La reforma previsional, que se presenta como parte de una serie de medidas del gobierno libertario, ha encendido la alarma en sectores que consideran imperativo resistir y transformar el modelo actual para lograr una participación más equitativa en todos los órdenes de la vida.

La discusión está abierta, y en los próximos meses se espera un intenso intercambio de posiciones en el ámbito público, mientras la sociedad se prepara para enfrentar cambios que podrían definir el futuro de las jubilaciones en el país.