Fin a un capricho de Milei: renunció García Mansilla
Manuel García Mansilla renunció ayer tras apenas 40 días en la Corte Suprema, cargo al que había accedido por decreto presidencial. Su dimisión llega después de que el Senado rechazara su pliego y de que el juez federal Alejo Ramos Padilla dictara una medida cautelar que limitaba su intervención en el máximo tribunal. Según García Mansilla, la falta de un órgano completo constituye “un serio problema institucional que exige solución inmediata”.
El magistrado presentó su renuncia en una misiva de siete páginas dirigida al Presidente de la Nación. En ella recordó su paso por la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde defendió la designación de jueces en comisión, aunque reconoció que “no habría aceptado el cargo en esas condiciones”. García Mansilla lamentó que algunos senadores lo acusaran de “intentar engañar” para fundamentar su rechazo por supuesta “falta de idoneidad moral”.
Desde su juramento secreto el 27 de febrero, su llegada a la Corte había generado fuertes críticas. Ni siquiera se le exigió suspender su matrícula de abogado ni presentar su cartera de clientes, trámites habituales para quienes aspiran al máximo tribunal. Su primera intervención fue negar la licencia a Ariel Lijo, otro juez nombrado por decreto cuyo pliego tampoco obtuvo aval parlamentario.
En apenas un mes y medio, García Mansilla suscribió 214 sentencias y más de 30 resoluciones administrativas. Entre ellas, cuestionó fallos de la era de Néstor Kirchner que validaban el convenio 173 de la OIT en defensa de los trabajadores, argumentando que no habían sido refrendados por el Ejecutivo. Además, otorgó el sobreseimiento al juez Pedro Hooft, implicado en la desaparición de abogados laboralistas durante “La Noche de las Corbatas”, y rechazó calificar como “travesticidio” el crimen de la activista trans Diana Sacayán.
El juez también fue recusado en varias causas. Cristina Fernández de Kirchner impugnó su actuación en el expediente “Vialidad”, alegando que un magistrado nombrado en comisión por el gobierno de Javier Milei no podía ser imparcial. Asimismo, la Fundación Mujeres por Mujeres objetó su intervención en un recurso que cuestiona la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, señalando su conocida postura antiabortista.
Hasta ahora, el único integrante de la Corte que se pronunció públicamente sobre el asunto fue Ricardo Lorenzetti, quien se limitó a señalar que la renuncia “es una decisión personal que él evaluará” y que el tribunal “no tiene competencia judicial para opinar” al respecto.
La salida de García Mansilla expone la dificultad del Ejecutivo para completar la integración del tribunal sin generar fricciones. La falta de consenso en el Senado y la tensión con sectores políticos y sociales dejan en evidencia la complejidad de imponer nombramientos por decreto, sobre todo cuando se busca un poder judicial alineado con un plan económico de profundo ajuste.
