Fracasó el plan económico de Milei: ahora manda el FMI

Las principales cámaras empresariales locales salieron de inmediato a respaldar los anuncios económicos del Gobierno, celebrando tanto el levantamiento del cepo cambiario como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó la firma del nuevo convenio con el organismo multilateral como “un hito que permitirá dinamizar la actividad, mejorar la previsibilidad y fomentar inversiones productivas”. Por su parte, el G6 —integrado por la CAC, Camarco, UIA, SRA, BCBA y ADEBA— calificó la eliminación de las restricciones al mercado de cambios como “un paso decisivo hacia la normalización macroeconómica” y consideró que el entendimiento con el FMI fortalece el perfil de vencimientos de la deuda pública.

En la misma línea, la Cámara de Comercio (CAC) emitió un comunicado subrayando que, a diferencia de acuerdos anteriores, los recursos aportados por el Fondo no se destinarán a cubrir el déficit fiscal, sino a saldar obligaciones del Tesoro con el Banco Central, lo que, según la entidad, “evitará un aumento del endeudamiento total y dejará al BCRA con mayor liquidez disponible”. La CAME, en tanto, celebró la flexibilización del control cambiario como “un paso clave hacia la previsibilidad” y advirtió sobre la necesidad de políticas que frenen posibles incrementos en los precios minoristas.

Los sectores rurales no fueron menos: Gustavo Idígoras, al frente de CIARA-CEC, elogió las medidas de Luis Caputo como un estímulo para recuperar la competitividad exportadora, mientras que Nicolás Pinto, presidente de la Sociedad Rural, valoró el “fin del cepo” como un factor que atraerá nuevas inversiones y dará estabilidad al agro. Solo la Cámara Argentina de la Industria Ferial (Caife) expresó cautela, advirtiendo inquietudes por la dependencia de financiamiento externo.

Lo que ninguno se anima a señalar claramente, es que el tan mentado plan económico de Milei, capituló ante las exigencias del Fondo Monetario Internacioanl, que exigió devaluación -se acabó el «No vamos a devaluar»-, la inflación pegará un salto -la baja inflación, si bien nunca domada, era la niña mimada del mileísmo- y el ministro Caputo pasó a ser un simple esbirro de las decisiones que se toman en el centro del poder financiero del mundo.

El encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se produjo el mismo día en que el Gobierno decidió levantar el cepo cambiario y permitió una devaluación significativa de la moneda local. Tras arribar al país al mediodía, Bessent se reunió primero con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un encuentro que se extendió por aproximadamente una hora. Tras un operativo de seguridad reforzado, la delegación cruzó la Plaza de Mayo para entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Dentro de la comitiva estadounidense viajaban, entre otros, Robert Citrone —veterano socio de Caputo e inversor fundador del Grupo Discovery— y Matt Dellorfano, asesor económico en temas argentinos. Completaban la delegación Michael Kaplan, subsecretario del Tesoro, Dan Katz, jefe de Gabinete del Tesoro, y la encargada de negocios de la Embajada en Buenos Aires, Lydia Barraza.

Desde la presidencia se difundió que Bessent “confía plenamente en el liderazgo de Milei para mantener el impulso positivo de la economía argentina” y resaltó el papel de Caputo y su equipo en el diseño e implementación de las reformas “que promueven estabilidad y crecimiento tanto para los trabajadores como para el sector privado”.

Pese al optimismo oficial, la visita no trajo consigo el financiamiento extraordinario que muchos esperaban. El Gobierno argentino había albergado la esperanza de concretar una línea de crédito especial por parte del Tesoro estadounidense, pero finalmente esa posibilidad quedó descartada. En cambio, Bessent insistió en la necesidad de interrumpir el acuerdo de swap de divisas con China, en el marco de la disputa arancelaria que mantiene Washington con Pekín.

Este pedido de desvinculación del mecanismo con el Banco Popular de China fue uno de los puntos más fuertes de la agenda bilateral, junto con la exhortación a avanzar en reformas estructurales que, en palabras del propio secretario, “aseguren un futuro próspero para la población argentina”. Sería buen saber la definición cuantitativa y cualitativa de «población argentina» que tiene Bessent.

Detrás de esta misión diplomática, según analistas, se perfila el intento de Estados Unidos por afianzar su influencia en la región y preservar lo que considera su “patio trasero”. Después de imponer aranceles a nivel global y verse forzado a retroceder en varias ocasiones, la Casa Blanca apunta ahora a reforzar alianzas con gobiernos afines en Sudamérica. En este contexto, la ruptura del swap chino aparece como un gesto de alineamiento con la estrategia de contención a la expansión económica de Pekín.

Sin embargo, esta política externa choca con el creciente escepticismo de amplios sectores de la sociedad, que perciben que el verdadero beneficiario de estos acuerdos son los grandes grupos concentrados, en detrimento de las mayorías trabajadoras.

El coro de adhesiones empresariales contrasta con un panorama de fragilidad productiva: más de 2.500 firmas locales han cerrado desde que asumió la administración actual, en buena medida por la apertura indiscriminada de importaciones que compite en desigualdad con la industria nacional. Las compañías agrupadas en la AEA, en muchos casos dependientes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), enfrentan la imposibilidad de competir con conglomerados globales y buscan refugio en la primarización de sus negocios, como demuestra la incursión de Techint en el litio.

En este escenario, la estrategia oficial de endeudamiento con el FMI y de liberalización cambiaria no hace sino profundizar la subordinación de la economía argentina al servicio del pago de pasivos externos, dejando a la producción local al albur de las grandes corporaciones internacionales.

Frente a esta encrucijada, voces del mundo del trabajo insisten en la necesidad de articular una salida alternativa, que priorice la soberanía económica y la participación activa de los trabajadores en la definición de las políticas públicas. Para ellos, el verdadero desafío no es solo mantener la estabilidad macroeconómica, sino reorientar el rumbo hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, controlado por quienes producen la riqueza.