Gallardo le marca la cancha a Jorge Macri
El magistrado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, ha dictaminado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retome de inmediato sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública y organice de forma autónoma el operativo para la manifestación convocada por jubiladas y jubilados, que se realizará el próximo miércoles 9 de abril.
El juez Gallardo destacó que, en los últimos meses, diversas concentraciones frente al Congreso de la Nación han provocado la intervención de fuerzas federales, lo que derivó en episodios de violencia y desorden. Según el dictamen, la Policía de la Ciudad debe asumir por sí sola el encargo de estructurar, planificar y ejecutar un operativo que garantice tanto el orden público como el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de los asistentes. En consecuencia, ha instruido que se limiten las funciones de las fuerzas federales, tales como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, las cuales debían actuar en anteriores movilizaciones.
Contexto y justificación de la medida urgente
El fallo judicial responde a solicitudes presentadas por gremios como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Estas organizaciones pidieron “restringir el accionar de las fuerzas federales” para que no afecten la autonomía porteña ni el rol propio de la Policía local. La urgencia de la medida se fundamenta en hechos recientes, donde, en manifestaciones anteriores, se reportaron detenciones arbitrarias y episodios de represión, entre ellos el caso del periodista Pablo Grillo y múltiples heridos.
El juez se pronunció en un extenso dictamen, que abarca 69 páginas, enfatizando que las fuerzas federales deben restringir su intervención únicamente a la custodia de objetivos específicos, sin extender su jurisdicción al resto del espacio urbano, tal como ha ocurrido en movilizaciones anteriores. Además, Gallardo sostuvo que la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura Naval deberán cumplir la resolución, de modo que no podrán alegar “obediencia debida” al ejecutar sus labores fuera de las competencias asignadas.
Repercusión en la planificación del operativo de seguridad
De acuerdo al pronunciamiento judicial, resulta imperativo que el Gobierno porteño se abstenga de solicitar la colaboración de las fuerzas federales para asegurar las inmediaciones del Congreso y la Plaza Congreso durante la manifestación del 9 de abril. Por el contrario, se insiste en que la Policía local, debidamente dotada y entrenada, coordine un plan de acción integral que atienda tanto la garantía del orden como el respeto a derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.
El magistrado también señaló que la Ciudad no optó por adherir al “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido popularmente como protocolo Bullrich. Esta decisión, más que un mero formalismo, implica la omisión de un trámite esencial que otorga sustento legal en territorio porteño. Según Gallardo, esto afecta de forma directa las causas judiciales derivadas de episodios de represión protagonizados por las fuerzas nacionales, generando una responsabilidad inequívoca en el gobierno de la Ciudad.
En su dictamen, el juez defendió que la respuesta judicial no se limita a la mera presentación de una demanda, sino que es un derecho a obtener una solución efectiva y oportuna frente a situaciones de riesgo previsible y comprobado. Reiteró que la protección de derechos como la integridad física y la libertad de expresión debe prevalecer ante cualquier intervención desmesurada, subrayando que la vulneración comprobada en manifestaciones anteriores demanda medidas inmediatas.
La resolución, además de dejar en claro que las competencias para la organización y ejecución del operativo recaen en el GCBA, impone que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, se abstenga de interferir en lo que respecta a la seguridad local, limitándose únicamente a aspectos estrictamente federales. De esta manera, se sella la autonomía de la Ciudad frente a intervenciones externas que en el pasado han derivado en conflictos y caos.
Esta decisión judicial no solo tiene implicancias inmediatas para la movilización de jubiladas y jubilados, sino que sienta un precedente sobre el equilibrio de competencias en materia de seguridad pública en la capital porteña, garantizando la protección de derechos fundamentales y delimitando la actuación de las fuerzas federales en territorio local.
