Gestión Milei: Amnistía Internacional denuncia retrocesos en derechos humanos
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado “Derechos en Argentina: 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, donde advierte sobre un preocupante deterioro en materia de derechos humanos desde la llegada al poder del presidente Javier Milei. El documento expone graves consecuencias sociales, económicas y represivas como resultado de las políticas implementadas por su gobierno.
La directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski, calificó la situación como “alarmante” y criticó la falta de respuestas a las necesidades más urgentes de la población. Según Belski, las medidas del actual gobierno “ignoran el bienestar social y erosionan los pilares democráticos del país”.
Crisis económica y aumento de la pobreza
Uno de los puntos centrales del informe es el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables. En los primeros seis meses de gestión, la pobreza escaló del 41,7% al 52,9%, lo que refleja un incremento significativo de 11 puntos porcentuales. Los jubilados, especialmente aquellos que perciben la mínima, fueron severamente afectados al no poder cubrir el costo de la canasta básica durante todo el año, agravado por los recortes en la cobertura de medicamentos esenciales.
La organización remarcó que esta situación representa una transferencia de recursos desde los trabajadores y sectores populares hacia grandes conglomerados económicos, que vieron crecer sus beneficios mientras la pobreza golpea con mayor crudeza a niños y adultos mayores.
Políticas represivas y vulneración del derecho a la protesta
El informe también denuncia un claro endurecimiento de las políticas represivas desde el inicio del mandato. Uno de los hechos más controvertidos fue la implementación del Protocolo Antipiquetes apenas cuatro días después de la asunción presidencial. AI criticó el uso desproporcionado de la fuerza, como los disparos con balas de goma dirigidos a la parte superior del cuerpo, lo que contradice los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización documentó casos de manifestantes que sufrieron pérdida de la visión debido a este tipo de prácticas y advirtió sobre el uso excesivo de gases lacrimógenos, que han provocado lesiones en la piel. Asimismo, se señaló la detención arbitraria de manifestantes, como los 33 activistas apresados durante las movilizaciones contra la Ley Bases, algunos de los cuales permanecieron semanas en prisiones comunes. Los periodistas que cubrían estos eventos también sufrieron agresiones, como disparos con balas de goma.
Para Amnistía Internacional, estas acciones confirman que las políticas del gobierno carecen de consenso social, incluso entre quienes votaron por un cambio ante el descontento con administraciones anteriores.
Retrocesos en políticas de género y derechos LGTBIQ+
Otro aspecto abordado por el informe es el abandono de las políticas de género. AI denuncia la desfinanciación de programas destinados a prevenir la violencia de género, así como la reducción de recursos para la educación sexual integral y la salud reproductiva. La falta de insumos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y el abandono de iniciativas para evitar el embarazo adolescente reflejan, según la organización, una regresión en derechos conquistados.
Asimismo, el informe critica la proliferación de discursos estigmatizantes y deshumanizantes hacia la comunidad LGTBIQ+, que han exacerbado la violencia y los crímenes de odio en el país.
Desprotección ambiental
Finalmente, AI condenó el retroceso en políticas ambientales. Señalaron la flexibilización de normativas que protegen zonas forestales y la expansión de la actividad minera en regiones periglaciares. Además, denunciaron el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que facilitó la proliferación de incendios en campos y áreas protegidas.
Conclusión
El informe de Amnistía Internacional ofrece un panorama alarmante del impacto que las políticas de ajuste y control social han tenido durante el primer año del gobierno de Javier Milei. El deterioro de los derechos humanos, la profundización de la pobreza y el avance de medidas represivas son algunas de las denuncias que, según la organización, evidencian una situación de vulnerabilidad creciente para amplios sectores de la sociedad argentina.
