Gestión Milei: recortan u$s 1.800 millones en investigación científica
En un contexto de profundas transformaciones políticas y económicas, la Resolución 10/2025, anunciada recientemente por la Jefatura de Ministros bajo el liderazgo de Guillermo Francos, ha generado una ola de reacciones y preocupaciones en el ámbito científico y universitario. Este decreto marca el inicio de un nuevo ciclo político que redefine las prioridades en ciencia y tecnología, con el objetivo declarado de alinear las investigaciones con un Plan Estratégico centrado en la agroindustria, la energía, la minería y la economía del conocimiento.
Prioridades y exclusiones: un modelo cuestionado
Según la resolución, se buscará “garantizar el crecimiento económico y el desarrollo estratégico del país”, priorizando proyectos vinculados a sectores extractivistas y tecnológicos de impacto directo en la economía. Esto implica el cese de financiación para investigaciones sociales y ambientales que no se alineen con el plan trazado. Además, sólo continuarán aquellas iniciativas con más del 30% de avance, mientras que el resto será sometido a revisión o directamente cancelado.
El discurso oficial sostiene que estas medidas reducirán costos y riesgos para el Estado, optimizando recursos. Sin embargo, críticos advierten que el verdadero objetivo es desmantelar el desarrollo científico autónomo, subordinándolo a los intereses de monopolios internacionales.
Impacto en la soberanía científica
La decisión de limitar investigaciones estratégicas en áreas como el cambio climático o las ciencias sociales podría tener consecuencias devastadoras. Estos campos son fundamentales para abordar problemáticas complejas y globales desde una perspectiva nacional. La investigación social, por ejemplo, permite comprender las dinámicas de exclusión y desigualdad, mientras que los estudios climáticos son cruciales para mitigar los efectos de un planeta en crisis.
Diversas organizaciones del sector científico, como la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI), han expresado su rechazo categórico. En un comunicado conjunto, denunciaron que esta medida representa “un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”.
El riesgo de un modelo primarizado
Los expertos también alertan sobre la consolidación de un modelo económico primarizado, donde los recursos naturales se explotan sin valor agregado, dejando las ganancias industriales en manos extranjeras. Empresas multinacionales como ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus ya controlan la mayor parte de las exportaciones de granos, mientras que el país carece de un plan que promueva la industrialización local.
“Sin un proyecto de país que priorice la soberanía científica, las investigaciones quedan relegadas a intereses externos«, señaló un investigador del Citedef, quien recordó los recortes presupuestarios sufridos durante gobiernos anteriores. Ahora, agrega, “se da un paso más al ordenar el fin de ciertas investigaciones”.
Movilización en defensa de la ciencia
Ante este panorama, sectores académicos y científicos han llamado a la comunidad a mantenerse en alerta. Instan a la sociedad a comprender que sin ciencia independiente no hay futuro sostenible ni desarrollo equitativo.
El desmantelamiento de investigaciones críticas para el país no es solo una cuestión de recortes presupuestarios, sino una decisión política que podría hipotecar el futuro de generaciones enteras.
