Gestión Milei: se perdieron 261.000 puestos de trabajo
El primer año de la presidencia de Javier Milei, iniciado en diciembre de 2023, ha dejado un panorama económico marcado por pérdidas significativas en el empleo, una caída en los salarios reales y una inflación que ha afectado duramente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según un informe reciente del Centro de Economía Política (CEPA), estos efectos adversos se deben a un conjunto de políticas económicas que, aunque han buscado ordenar algunas variables macroeconómicas, han tenido un costo social considerable.
Pérdidas en el empleo y la caída de los salarios reales
Uno de los aspectos más destacados del estudio del CEPA es el impacto negativo en el empleo registrado. En el período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, la economía argentina experimentó una pérdida de más de 261.000 puestos de trabajo, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). De esta manera, el número de trabajadores registrados pasó de 9.857.173 a 9.596.156 en solo nueve meses. Si bien algunos sectores como la agricultura, la minería y la pesca lograron generar empleos, estos no lograron compensar la disminución en industrias clave como la construcción y la manufactura. En particular, la construcción perdió más de 66.000 puestos de trabajo, mientras que la industria manufacturera vio una reducción de 29.600 empleos.
Además, el informe de CEPA señala que los salarios, tanto públicos como privados, han sufrido una disminución en su poder adquisitivo. El descenso de los salarios reales ha sido particularmente grave en el sector público y entre los trabajadores no registrados, con caídas de hasta un 22,5% y 27,2%, respectivamente. En general, los salarios han perdido un 9,6% de su poder adquisitivo, según el promedio ponderado de los salarios del INDEC, mientras que las pérdidas reales son aún mayores si se considera una medición alternativa de la inflación.
El ajuste económico: devaluación y ajuste fiscal
Desde el inicio del gobierno de Milei, se implementaron políticas de ajuste fiscal y monetario, con el objetivo de «ordenar» las variables macroeconómicas. La devaluación del peso, que se aceleró desde diciembre de 2023, fue acompañada por una fuerte desregulación de los precios de la economía, especialmente en sectores claves como los combustibles, los alimentos y los servicios públicos. Este proceso de ajuste fue fundamental para controlar las expectativas del mercado, pero su costo ha sido alto: la inflación se disparó a un ritmo vertiginoso en los primeros meses del gobierno.
Durante diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024, la inflación alcanzó niveles alarmantes, con un aumento del 25,5% en diciembre, seguido por un 20,6% en enero y un 13,2% en febrero. Si bien la inflación comenzó a desacelerarse entre mayo y agosto, la economía no logró estabilizarse completamente. En septiembre y octubre, la tasa de inflación cayó a un 3,5% y 2,7%, respectivamente, aunque estos valores siguen siendo altos, especialmente teniendo en cuenta el impacto de la pérdida de poder adquisitivo.
El informe de CEPA destaca dos factores clave que contribuyeron a la desaceleración de la inflación: la caída en el consumo y la apreciación del tipo de cambio. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo de la población ha limitado la capacidad de compra, lo que a su vez ha frenado el aumento de los precios en algunos sectores. Por otro lado, el gobierno ha implementado una política de devaluación controlada, con un tipo de cambio que se deprecia mensualmente un 2%, lo que ha generado expectativas de estabilización cambiaria.
La realidad de la Canasta Básica y el aumento de la pobreza
Uno de los aspectos más preocupantes del panorama económico es el aumento de la pobreza y la indigencia. Según el informe del INDEC, una familia tipo necesitó en noviembre de 2024 un ingreso mensual de 1.001.466 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior. Además, la canasta básica alimentaria experimentó un aumento del 1,1%, lo que significó que una familia necesitaba 439.240 pesos para no ser considerada indigente.
La brecha entre la clase media y los sectores más vulnerables también se amplió. Para ser considerado parte de la clase media, una familia tipo necesitó en noviembre más de 1,6 millones de pesos, sin contar el alquiler. En el caso de las familias que alquilan, la cifra ascendió a 2,2 millones de pesos. Esta realidad económica refleja la creciente desigualdad social y el estancamiento del consumo, que se ha visto reflejado en una caída del 0,7% en el consumo de autoservicios en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La consolidación de los sectores monopólicos
El informe también aborda cómo las políticas implementadas por el gobierno favorecieron a los grandes grupos económicos concentrados, especialmente en sectores como la agroindustria, la minería y la intermediación financiera. Estos sectores han visto un crecimiento significativo en sus ganancias, mientras que los trabajadores y los sectores más vulnerables han sufrido las consecuencias de un ajuste económico que parece beneficiar principalmente a los grandes monopolios.
Según CEPA, el proceso de «desguace y primarización» de la economía argentina, impulsado por las políticas de Milei, ha llevado a un panorama donde las ganancias de los grupos concentrados se disparan mientras los salarios de los trabajadores pierden poder adquisitivo de manera acelerada. Esta situación ha dejado a una parte importante de la población en condiciones económicas insostenibles, sin la posibilidad de satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas.
El informe del CEPA concluye que, a pesar de la mejora de algunas variables macroeconómicas, las dudas sobre la sostenibilidad de estas políticas persisten. La apreciación del tipo de cambio y el nivel de reservas acumuladas por el gobierno, así como el impacto sobre sectores industriales clave, siguen siendo áreas de incertidumbre.
En este contexto, el documento también hace un llamado a la necesidad de una mayor construcción de espacios de discusión y de organización popular para enfrentar los problemas económicos y sociales generados por las políticas de ajuste. En un país donde la pobreza y la desigualdad siguen en aumento, las perspectivas para el futuro inmediato no parecen optimistas para la mayoría de los trabajadores y las clases populares.
El informe de CEPA no solo denuncia el costo social de las políticas económicas del gobierno de Milei, sino que también subraya la necesidad urgente de un cambio en la orientación económica que priorice a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, en lugar de seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos. La reconstrucción de un modelo económico más justo, que redistribuya la riqueza y garantice condiciones dignas de vida para toda la población, se perfila como uno de los principales desafíos que enfrenta el país en el segundo año de gestión.
