La Justicia investiga a Milei por demorar la emergencia en discapacidad
El presidente Javier Milei quedó esta semana bajo la lupa de la justicia federal tras una denuncia que lo acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la demora en la promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la ley de “Emergencia en Discapacidad”. El expediente fue sorteado y quedó en manos del juez Sebastián Casanello: la causa fue radicada en el Juzgado Federal 11 bajo el número CFP 4003/2025.
La presentación penal la impulsaron los diputados Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) y Mónica Fein (Partido Socialista), que argumentan —en el texto remitido a Comodoro Py— que los plazos legales para promulgar y publicar la norma ya habían vencido una vez que el Senado notificó al Poder Ejecutivo sobre la insistencia en el proyecto original, el pasado 4 de septiembre. Según los denunciantes, ese vencimiento operó once días hábiles después, lo que convierte la falta de inscripción en el Boletín Oficial en un incumplimiento formal de la obligación constitucional y legal.
“Queremos saber por qué el Gobierno está demorando la publicación oficial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Necesitamos que las familias comiencen a percibir sus pensiones. Terminen con la crueldad”, escribió Paulón en redes al comunicar la presentación. En la denuncia, los legisladores subrayan que una ley sólo entra en vigencia plena cuando ha sido promulgada y publicada, y sostienen que la conducta de los funcionarios denunciados —que incluye a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González— habría obstaculizado el cumplimiento de una decisión parlamentaria adoptada por las mayorías del Congreso.
El expediente incorpora, además, una advertencia jurídica: varios especialistas citados por los denunciantes sostienen que, frente a una insistencia legislativa ante un veto, la promulgación debería ser inmediata. Los autores del escrito recuerdan además declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien planteó dificultades por la partida presupuestaria para la implementación y llegó a afirmar que la norma no se reglamentaría por “falta de financiamiento”. Para los denunciantes, esa admisión pública no hace sino agravar la sospecha de que la postergación es una decisión deliberada que transforma una norma votada por el Congreso en letra muerta.
Consecuencias prácticas: el dinero que no llega y prestaciones congeladas
La denuncia detalla consecuencias concretas y urgentes. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) necesita que la Jefatura de Gabinete firme una compensación presupuestaria que permita actualizar el nomenclador que regula las prestaciones del plan Incluir Salud. Sin esa firma —según el escrito— no se pueden actualizar valores de terapias, transporte, talleres y centros educativos; y los ajustes previstos por la ley debían contemplar la inflación acumulada desde diciembre de 2023, con aumentos que en algunos casos podrían rondar hasta el 80% según la prestación. En la práctica, alertan los denunciantes, la demora implica que vulnerables prestaciones esenciales sigan con tarifas desactualizadas y pauperizadas.
Por ese impacto directo sobre la vida de personas con discapacidad, los autores de la denuncia no descartan que la Justicia, a medida que avance la investigación, agregue la figura penal de abandono de persona o agravantes similares. Por ahora, la carátula inicial apunta a incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pero el mapa de imputaciones podría ampliarse si se constatan daños evitables por la inacción administrativa.
Un choque de poderes y la pulseada por los plazos
El caso pone en evidencia una tensión institucional: el Congreso dijo una cosa —rechazó el veto y ratificó el proyecto— y el Ejecutivo demora su puesta en marcha por motivos que el Gobierno argumenta en clave fiscal. Los denunciantes replican que, frente a la insistencia del Parlamento, el único deber legal del Poder Ejecutivo es promulgar y publicar para que la ley comience a regir y sus efectos lleguen a las personas que la necesitan. En ese cruce se inscriben no sólo reglas de forma —plazos y boletines— sino el valor político de que una mayoría legislativa no quede supeditada a dilaciones administrativas.
El juez Casanello ahora deberá decidir cómo avanzar: si cita a prestar declaración a los funcionarios denunciados, si ordena medidas probatorias inmediatas sobre la documentación administrativa de promulgación y publicación, o si solicita informes a la Jefatura de Gabinete y a ANDIS sobre el estado de la partida presupuestaria. En Comodoro Py se preparan para un trámite que, por la naturaleza del reclamo y su impacto social, puede transformarse en uno de los frentes judiciales más visibles de la agenda gubernamental en las próximas semanas.
Lo político detrás de lo jurídico
Más allá del curso procesal, la denuncia amplifica una disputa política: organizaciones de discapacidad, parte del arco legislativo y distintos actores sociales coinciden en que la demora tiene consecuencias humanas inmediatas. Por su parte, el Gobierno -en sus diferentes vocerías- insiste con la necesidad de contener el gasto y priorizar el “equilibrio fiscal”, argumento que, en este expediente, entra en tensión directa con obligaciones contraídas por convenciones internacionales y con el principio republicano de que las leyes votadas por el Congreso no queden indefinidamente en suspenso por decisiones administrativas.
Mientras la causa CFP 4003/2025 —con el sello de Casanello— comienza su trámite, se abre una pulseada que será política y judicial al mismo tiempo: no sólo se dirimirá si hubo una conducta punible, sino si la demora en sacar a la luz lo que votó el pueblo se sostiene como práctica de gobierno o si, por el contrario, la ley terminará por imponerse y devolver a miles de familias la actualización que los legisladores reclaman.
