Las reservas del Central, en su nivel más bajo

El gobierno alineado con poderosos monopolios económicos, encabezado por el presidente Javier Milei y con Luis «Toto» Caputo al timón del ministerio de Economía, continúa implementando políticas que han llevado a una notoria disminución de las reservas del Banco Central. En marzo, estas reservas se desplomaron en 3.131 millones de dólares, pasando de un total de 28.177 millones a fines de febrero a 24.986 millones, marcando así su nivel más bajo en más de un año.

Estrategias de control y negociaciones en el exterior
Mientras funcionarios del gobierno se desplazan por los pasillos de la Casa Blanca en busca de un encuentro que sirva para allanar el camino hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la administración continúa ejecutando políticas que implican la venta de dólares para controlar su cotización. Dichas decisiones se orientan menos a preservar los intereses nacionales y más a asegurar una dinámica financiera que beneficie a los capitales extranjeros. El objetivo es mantener la devaluación del peso por debajo de la tasa de inflación, lo que favorece esquemas financieros en los que se compran activos en moneda local y se reaprovechan en dólares, generando ganancias superiores al 50%. Esta estrategia es, además, una maniobra en un contexto electoral para evitar que un brusco salto devaluatorio exponga de forma definitiva la falta de efectividad en la lucha contra la inflación.

La estrategia agraria y la resistencia del campo
Desde enero, el ministro Caputo anunció una disminución temporal de las retenciones a los principales productos de exportación agrícola con el propósito de incentivar a las patronales agropecuarias a liquidar la cosecha y, de esta forma, reforzar el stock de divisas del Banco Central. Sin embargo, la medida no cumplió con las expectativas: pese a que la rebaja implicaba una pérdida mensual de alrededor de 120 millones de dólares, las exportaciones de soja en febrero y marzo se mantuvieron casi sin variación respecto a las proyecciones anteriores. Según datos de la cámara de firmas exportadoras de cereales y de la industria aceitera (CIARA-CEC), mientras se esperaba alcanzar hasta 5.000 millones de dólares mensuales con la soja almacenada, en febrero las liquidaciones se ubicaron en 2.181 millones y en marzo descendieron a apenas 1.880 millones.

Ante esta situación, la oligarquía terrateniente se reafirma en sus intereses. Históricamente, el sector agropecuario impulsa la devaluación, ya que al tener sus costos en pesos y sus ingresos dolarizados, dicha caída de la moneda les permite traducirse en mayores sumas de dinero por cada dólar obtenido en el mercado internacional. Además, la expectativa de un eventual acuerdo con el FMI —posiblemente imponiendo un esquema de bandas cambiarias, en el que el precio del dólar fluctuaría dentro de un rango determinado— motiva a los productores a no liquidar sus granos, esperando que esa fluctuación logre la tan ansiada devaluación.

Contratos futuros y la brecha entre oligarquía y gobierno
La disparidad entre las expectativas del gobierno y las prácticas del sector agropecuario se evidencia también en el aumento de los contratos a futuro. Durante la segunda quincena de marzo se observó una disminución en las ventas de soja al mercado internacional, acompañada de un incremento en la negociación de entregas con precios a fijar en fechas futuras. De esta forma, las patronales optan por comprometer la entrega de su producción, sin concretar la venta en el presente, una estrategia que evidencia la fractura entre los lineamientos impuestos por el gobierno y los intereses arraigados de la oligarquía.

Esta discordia se enmarca en un conflicto mayor entre dos polos de poder: por un lado, el gobierno que busca mantener una política económica con un dólar artificialmente bajo para favorecer flujos financieros internacionales, y por otro, el sector agrario, que históricamente ha utilizado la devaluación como herramienta para maximizar sus ganancias en el mercado global.

Una llamada a la transformación desde las bases
Frente a la lucha por el control de los recursos y la constante erosión de las reservas nacionales, voces críticas señalan que únicamente un plan construido desde la base, con la participación activa de los trabajadores, podrá revertir la situación. Se destaca que los cambios estructurales tienen el potencial de sacar al destino del país de las garras de aquellos grupos que se disputan el fruto del trabajo y las riquezas nacionales. La propuesta subraya la importancia de que las políticas económicas pasen a estar al servicio de la mayoría y no de intereses concentrados en una minoría privilegiada.

En conclusión, el escenario actual revela una economía en tensión, marcada por la reducción de reservas internacionales, la intervención de estrategias financieras destinadas a favorecer capitales externos y la resistencia de un sector agropecuario que se niega a dejarse llevar por políticas que no se alinean con sus intereses. En este contexto de confrontación entre el gobierno de los monopolios y la oligarquía terrateniente, se plantea que la transformación genuina del país solo podrá lograrse desde una organización profunda y participativa de la clase trabajadora, abriendo el camino hacia un desarrollo más equitativo y soberano.