Los intendentes le torcieron el brazo a Caputo
La Cámara Federal de San Martín asestó un nuevo golpe a la intención del Gobierno nacional de suprimir las tasas municipales que aparecen en las facturas de los servicios de electricidad y gas. En un pronunciamiento unánime, el tribunal declaró inconstitucional la resolución 267, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que prohibía a las prestatarias incorporar “conceptos ajenos” al suministro básico en los comprobantes de cobro.
El origen del litigio se remonta a septiembre de 2024, cuando la secretaría de Industria y Comercio emitió esa norma con el argumento de aliviar la carga impositiva a los usuarios y moderar la presión inflacionaria. No obstante, varios distritos bonaerenses —entre ellos Escobar— recurrieron a la justicia para defender sus convenios vigentes con las empresas. El municipio de Escobar había logrado previamente una medida cautelar a favor, dictada por el Juzgado Federal de Campana, y ahora obtuvo la confirmación de la Sala II de San Martín.
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández sostuvieron que la potestad de los municipios para fijar y percibir sus contribuciones quedaba “resguardada por las Constituciones Nacional y Provincial” y no podía ser limitada por una resolución administrativa del Poder Ejecutivo nacional. Además, advirtieron que la forma elegida para aplicar la medida contravenía acuerdos previos y ponía en peligro las finanzas comunales, pese a que la norma permitía a los usuarios saldar las tasas de modo separado.
Aunque 21 municipios bonaerenses presentaron acciones de amparo, los fallos se dividieron: distritos como Quilmes, San Martín y Escobar obtuvieron resguardos judiciales, mientras que Tigre, Moreno o Hurlingham fueron denegados en primera instancia. Sin embargo, la práctica no varió: los intendentes continuaron sumando los cargos comunales a las boletas de Edenor y Naturgy, conforme a lo autorizado por las normas provinciales y los contratos de prestación.
En lo político, el proyecto de Caputo buscaba deslindar al Gobierno nacional de las subas tarifarias, responsabilizando a los intendentes por los recargos comunales. A su vez, el organismo regulador bonaerense (Oceba) recordó que las concesionarias están facultadas legalmente para incorporar esos ítems. A casi un año del choque, la disputa continúa en los estrados, mientras las tasas municipales permanecen vigentes y el Ejecutivo no logró modificar el sistema de cobro.
