Milei acelera los tiempos de la reforma laboral

A sólo tres días de los resultados de las elecciones del domingo y con la nueva conformación del Congreso que asumirá el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo lanzó la convocatoria a sesiones extraordinarias con un objetivo claro: avanzar con una batería de proyectos que modifican el mercado laboral, la seguridad social y el régimen tributario. En Casa Rosada justifican el llamado como una necesidad para “buscar consensos” y acelerar la sanción del Presupuesto 2026; desde la oposición y el movimiento obrero lo describen como la hoja de ruta de una ofensiva para recortar derechos.

El presidente Javier Milei ratificó anoche en una entrevista televisiva que la agenda incluirá cambios laborales e impositivos y negó que su iniciativa “atente contra los derechos de nadie”, mientras prometió una supuesta “modernización” que hará competir a la Argentina en el mercado global. Ese señalamiento público, repetido desde el Ejecutivo, contrasta con el contenido de los proyectos y con los pedidos explícitos de cámaras empresarias y financieras que ya celebraron el resultado electoral y exigieron pasos rápidos hacia la desregulación.

Lo que se pone en discusión: apuntes del proyecto y su impacto
El paquete que el oficialismo busca impulsar incluye la llamada “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas”, impulsada por la diputada Romina Diez y con la firma, entre otros, de legisladores alineados con la coalición oficialista y economías afines. En la letra del proyecto —que circula como borrador y que ya fue publicado íntegramente en portales jurídicos— aparecen cambios que los gremios y juristas califican de regresivos: la posibilidad de estirar la jornada habitual de 8 a 12 horas mediante “bancos de horas” o regímenes especiales; la facultad del empleador para reordenar la forma y modalidades de la prestación laboral; y la creación de regímenes de “incentivo al empleo” que replican exenciones y ventajas a las empresas.

En materia indemnizatoria el texto habilita dos recortes centrales: por un lado, la actualización de las deudas laborales quedaría atada al IPC del INDEC más un interés fijo del 3% anual —un tope que, según abogados laboralistas, reduce la reparación real en procesos judiciales largos—; por otro, se permitiría el pago de indemnizaciones hasta en 12 cuotas mensuales. Simultáneamente, se amplía la posibilidad de que conceptos no remunerativos (comida, guardería, capacitación, telefonía, internet, entre otros) integren el paquete con el que el empleador podría saldar obligaciones, reduciendo así la base de aportes y el cálculo futuro de beneficios.

Control, persecución médica y precarización
El proyecto también avanza sobre las licencias por enfermedad y el control médico: faculta al empleador a cuestionar la veracidad de certificados, posibilita la intervención de peritos y crea un registro de médicos a cargo de la secretaría de Trabajo para “contrastar” diagnósticos. En la práctica, advierten especialistas y delegados, eso abre una puerta a la persecución de trabajadores enfermos o accidentados y a una mayor litigiosidad intimidatoria en los lugares de trabajo. Además, se contempla la conservación del puesto por plazos acotados y la posibilidad de extinguir la relación laboral sin responsabilidad indemnizatoria si el trabajador no se reincorpora pasado cierto período.

La ofensiva legislativa no cae del cielo; llega acompañada por el entusiasmo de cámaras empresariales ligadas a capitales estadounidenses y por el aval explícito de sectores financieros. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) ya celebró el resultado electoral como “una nueva oportunidad” para impulsar transformaciones estructurales que, dicen sus voceros, incluyen adecuaciones laborales y tributarias que mejoren la competitividad. Economistas y artículos de prensa también señalan la atención y el interés de grandes bancos e inversores que ven en la agenda una oportunidad para generar condiciones de “mayor predictibilidad” para capitales privados. Ese entramado —explican analistas— es el que presiona para acelerar las extraordinarias y condicionar el debate público.

La respuesta del movimiento obrero: advertencia y plan de acción
Desde el seno del movimiento obrero las respuestas fueron inmediatas y duras. Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, indicó que la central rechazará cualquier reforma que implique “ceder derechos” y planteó la necesidad de “atar los hilos parlamentarios” para constituir mayorías que frenen los avances; si la vía parlamentaria no alcanza, no descartó la presión política y gremial, incluidos paros y movilizaciones. “Si la reforma es progresiva es una cosa; si es para ceder derechos, no habrá negociación de ningún tipo”, sostuvo el dirigente. La advertencia es clara: la CGT y otros núcleos sindicales no darán tregua ante intentos de retroceso.

En las fábricas y en los talleres la percepción es concreta: muchas de las cosas que vienen a legislar ya se aplican de hecho o vienen probando desde hace meses. Jornadas extendidas por “necesidades de producción”, pagos en tickets o beneficios no remunerativos, y propuestas de indemnizaciones diferidas. La novedad es que lo que antes era flexibilización “por goteo” ahora pretende volverse norma.

Qué viene y por qué importa
La convocatoria a extraordinarias, con la correlación de fuerzas que mostraron las urnas, busca acelerar un calendario que hasta ahora topaba con resistencias sociales y sindicales. Para el Gobierno —y para los sectores económicos que lo impulsan— la reforma es el remedio para atraer inversión y bajar costos laborales; para la oposición y los trabajadores es, lisa y llanamente, un ajuste que podría generalizar la precariedad, erosionar el salario real y reducir la capacidad de negociación colectiva.

La disputa legislativa, por tanto, no será sólo técnica: será política y social. El mes de diciembre aparece como una bisagra: con diputados y senadores nuevos en sus bancas, con la Casa Rosada buscando consensos con gobernadores y bloques afines, y con el movimiento obrero dispuesto a ensanchar la protesta si las reformas avanzan en la dirección del retroceso. Las calles, la CGT y una parte significativa de la comunidad organizada ya dejaron en claro que no aceptarán de rodillas lo que consideran un despojo de derechos conquistados con décadas de lucha.

Mientras en la cúpula del poder se la juega por una “modernización” que promete eficiencia y mercado, en los sindicatos y en los talleres se prepara la réplica: defensa de convenios, pelea por condiciones de trabajo y, en el extremo, la movilización masiva. Diciembre promete ser caliente; la pregunta es si la agenda del Gobierno logrará pasar por encima de la resistencia social sin generar una explosión política de imprevisibles consecuencias.