Nuevo ataque del Gobierno a un espacio de Memoria
El ministerio de Justicia ha anunciado una serie de medidas que pondrán en jaque al espacio dedicado a preservar la memoria de las atrocidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Tras la masiva concentración en Plaza de Mayo con motivo del 49º aniversario del inicio del régimen represivo, se dio a conocer que, a partir del 1 de abril, se implementará una auditoría en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En este contexto, el subsecretario de Gestión Administrativa, Juan Cruz Montero, firmó una comunicación oficial el pasado miércoles, en la que se establecía la suspensión de las transferencias al ente por un período de 60 días. La medida, que conlleva el congelamiento de recursos, afectará de manera directa el pago de sueldos y el funcionamiento del lugar, poniendo en riesgo su continuidad como espacio de memoria y derechos humanos.
Según declaraciones de funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, la acción no se limita a un mero control documental, sino que implica un corte de fondos que, en efecto, paralizará el funcionamiento del centro. Con tan escasos recursos —se informó que en las cuentas sólo se disponía de 267.603,15 pesos—, los trabajadores se han visto obligados a tomar medidas, lo que llevó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a declarar un cese de actividades durante el fin de semana. Además, se convocó a una asamblea el lunes en el edificio Cuatro Columnas para definir las próximas acciones a seguir.
Diversos sectores críticos han denunciado que esta “auditoría” forma parte de una estrategia para desmantelar la memoria colectiva. Algunos analistas señalan que el discurso oficial recurre a eufemismos, como la “batalla cultural” libertaria, para encubrir lo que, en realidad, se trata de un ataque frontal a la identidad y a la esencia de lucha popular. En este sentido, se acusa al actual gobierno—calificado en algunos círculos como un régimen títere de intereses extranjeros—de intentar borrar de la historia los crímenes y las desapariciones perpetradas durante el periodo represivo, con el fin de justificar políticas que favorecen la concentración del poder y el saqueo de los recursos públicos.
Con esta serie de acciones, el debate se intensifica entre quienes defienden la memoria histórica y aquellos que, desde la administración, pretenden ajustar cuentas a través de medidas que, a ojos de muchos, responden a un intento de reescribir el pasado y debilitar la lucha social.
