Para reprimir sí que hay plata
En marcado contraste con el discurso oficial de “ajuste por falta de fondos”, el ministerio de Seguridad desembolsó más de $1 000 millones en la última temporada para granadas lacrimógenas, cartuchos de goma y lanzagases. A ese monto se le suman otros $500 millones destinados a la compra de máscaras antigás, escudos y tonfas, a través de una licitación abierta a finales de 2024.
A poco más de un mes de la multitudinaria manifestación del 12 de marzo frente al Congreso —una movilización histórica de jubilados, acompañados por hinchas de fútbol— el Gobierno reconoció haber erogado $78.720.989,10 adicionales para “gastos derivados del consumo extra de combustible y equipos de apoyo” durante el operativo de seguridad. Según los documentos a los que accedió Página/12 mediante un pedido de acceso a la información pública, esa cifra se distribuyó así:
- Policía Federal: $75.963.104
- Gendarmería Nacional: $1.843.558,10
- Prefectura Naval: $477.527
- Policía de Seguridad Aeroportuaria: $466.800
En total, participaron 1.266 agentes, un dispositivo equiparable al que se despliega en un superclásico Boca–River.
Durante las tareas de contención, la Gendarmería empleó cartuchos de 38,1 mm para lanzagases. Uno de ellos, disparado a quemarropa por el cabo Guerrero, impactó con tal violencia la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo que debió ser internado de urgencia.
Un almacén de represión: compras millonarias a Fabricaciones Militares
El inventario de equipamiento pesado no se limitó a aquel único operativo. En julio de 2024, el Ministerio adquirió sin licitación un lote de 5.875 granadas y cartuchos lacrimógenos a Fabricaciones Militares, pagando US$ 992.875 (unos $1 151 735 000 al tipo de cambio del 18 de abril). Cada dispositivo —idéntico al que hierió a Grillo— costó US$ 169 (cerca de $196 040).
El fabricante describe estos “cartuchos de hostigamiento” como “elementos de disuasión que, mediante un compuesto químico, generan una nube densa de gas lacrimógeno altamente irritante para vías respiratorias y piel, y con efecto sobre el sistema nervioso”. Además del gas, las fuerzas de seguridad usan regularmente aerosoles de pimienta M9-OC, granadas de mano de gas y proyectiles de 40 mm.
Licitación de armamento no letal para la Policía Federal
En línea con esa política de rearme interno, en diciembre pasado se abrió una licitación para dotar a la Policía Federal de:
- 300 trajes de protección personal
- 700 cascos antidisturbios de policarbonato
- 300 escudos “burbuja”
- 500 máscaras antigás con visor y filtros desechables
- 1 000 tonfas de 60 cm
- 1 000 bastones de control de disturbios de 95 cm
El proceso concluyó en marzo con la adjudicación a tres proveedores. Uno de ellos recibió $321,5 millones por los trajes, cascos, escudos y bastones; otro cobró $238,7 millones por las máscaras; y una cooperativa obtuvo $20 millones por las tonfas. Según la diputada Miriam Bregman, equipar a un solo oficial con todo ese material ronda $1 074 404.
Críticas y cuestionamientos
Desde sectores de la oposición apuntan a que esta estrategia responde a una “preparación para reprimir protestas pacíficas” y exigen explicaciones al Ministerio. Aseguran que, mientras se alegan recortes presupuestarios para áreas sociales, se destinan recursos millonarios a reforzar la caja de herramientas represivas de las fuerzas de seguridad.
En definitiva, la paradoja resulta evidente: en un contexto donde se afirma que “no hay plata”, el Estado dispone de recursos extraordinarios para renovar y ampliar un arsenal no letal, con el fin de contener manifestaciones ciudadanas. Una inversión que, a juicio de muchos, ahonda la fractura entre la gestión oficial y los reclamos de la sociedad.
Foto: CORREPI
