Prepagas con tarifas diferenciadas y aumentos personalizados
El Ejecutivo nacional ha implementado una serie de cambios en el sector de la medicina prepaga que prometen transformar radicalmente el panorama del sistema de salud privado. A partir del pasado lunes, gracias al decreto 102 publicado en el Boletín Oficial, las empresas de salud podrán fijar de manera autónoma cuotas diferenciadas según el tipo de plan contratado y el perfil del afiliado, eliminando la obligación de aplicar aumentos uniformes para todos los usuarios.
La nueva normativa permite que las compañías establezcan, de forma libre, los valores de las cuotas, con el objetivo de fomentar la competencia en el mercado. La lógica detrás de esta medida es que, al permitir ajustes diferenciados y personalizados, se incentive una baja progresiva de precios. Sin embargo, esta estrategia ha generado un intenso debate entre defensores y críticos del modelo.
Un aspecto fundamental de la reforma es el requisito de transparencia: las entidades deben notificar a los usuarios cualquier incremento tarifario con dos elementos clave. La ley establece que se debe informar el porcentaje de variación y el nuevo valor mensual de la cuota. Esta comunicación obligatoria debe realizarse en un plazo que comprende los cinco días posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Indec, garantizando además que los afiliados reciban la notificación con al menos 30 días de antelación al cobro de la nueva tarifa. De esta forma, se busca mitigar el impacto de los aumentos mediante la anticipación de la información.
La medida viene en un contexto de importantes cambios regulatorios. En diciembre de 2023, mediante el DNU 70, el gobierno de Javier Milei eliminó las limitaciones que hasta ese momento obligaban a las prepagas a someter los aumentos a la aprobación de las autoridades competentes. Este cambio liberalizó el sector y, en consecuencia, el 2024 se registraron incrementos en las cuotas de salud que, en promedio, alcanzaron un alarmante 124% anual, situando a este servicio entre los que más se encarecieron.
Además, la reforma elimina la restricción que obligaba a las empresas a aplicar aumentos proporcionales a todos los afiliados, sin considerar las particularidades de cada plan, como el listado de prestadores o las coberturas adicionales al Plan Médico Obligatorio (PMO). Con esta eliminación, cada compañía podrá diseñar estrategias tarifarias según las características específicas de sus servicios y la demanda del mercado.
El nuevo escenario ha generado diversas reacciones en el ámbito económico y social. Mientras algunos expertos sostienen que la mayor flexibilidad tarifaria incentivará la competencia y podría traducirse en precios más competitivos a largo plazo, otros advierten sobre la posibilidad de que esta desregulación intensifique la desigualdad en el acceso a servicios médicos, afectando especialmente a quienes cuentan con planes menos completos.
Con estas transformaciones en el sector de la salud, surge la interrogante: ¿beneficiará la libre determinación de tarifas a los consumidores o se profundizará la brecha en el acceso a servicios médicos de calidad? La respuesta dependerá del comportamiento del mercado y de la capacidad del sistema regulatorio para proteger los derechos de los usuarios en este nuevo marco de competencia.
