Recortes presupuestarios: más poda para los jubilados
El Gobierno Nacional ha oficializado un ajuste presupuestario de gran magnitud que afecta a sectores esenciales como jubilaciones, pensiones, obra pública y prestaciones sociales. A través de un decreto reciente, las partidas destinadas a jubilados y pensionados han sufrido un recorte total de 390.000 millones de pesos, según los datos divulgados por organismos de análisis económico. Este ajuste ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores, que lo consideran una transferencia de recursos desde los grupos más vulnerables hacia los grandes conglomerados económicos.
De acuerdo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este tipo de medidas no constituye un simple ajuste fiscal, sino una redistribución regresiva de la riqueza. “Esto no es un ajuste, es una transferencia desde los sectores medios y vulnerables hacia unos pocos bolsillos de millonarios y corporaciones”, declaró.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que, por cada 100 pesos recortados, 24 corresponden a la obra pública, 22,1 a jubilaciones y 13,9 a prestaciones sociales, las cuales incluyen asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI. Además, los subsidios a la energía también fueron objeto de un ajuste significativo, con una reducción de 126.419 millones de pesos. Las transferencias de capital, por su parte, registraron un recorte de 22.116 millones de pesos.
En contraste, el decreto también incluyó un incremento en las partidas destinadas al “gasto en personal” y las “transferencias a universidades”, que sumaron 447.935 millones y 293.410 millones de pesos, respectivamente, centrados principalmente en el pago de salarios.
El informe del CEPA destaca también la disminución en el presupuesto destinado a la obra pública, que pasó de representar el 1,4% del PBI en 2023 a apenas el 0,4% en 2024. Del mismo modo, las transferencias a las provincias experimentaron una caída significativa, reduciéndose del 0,6% al 0,2% del PBI en el mismo período.
Este escenario de ajustes también se enmarca dentro de una tendencia de recortes en subsidios y partidas sociales que, según el CEPA, se viene consolidando desde 2021. Estas medidas han sido interpretadas por diversos sectores como parte de un proceso más amplio de concentración de riqueza y debilitamiento del Estado como garante de derechos.
Ante este panorama, surgen cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno y su alineación con intereses corporativos. Mientras tanto, el impacto de estas decisiones se hace sentir en la vida cotidiana de miles de personas, especialmente las más vulnerables. Diversos actores sociales y políticos han llamado a la unidad de los trabajadores y trabajadoras para proponer alternativas que prioricen el bienestar colectivo y promuevan una redistribución más equitativa de los recursos.
El desafío, según los críticos de estas políticas, radica en construir un modelo de país que priorice las necesidades de las mayorías y promueva una economía al servicio de la gente. Esto requerirá no sólo resistencia frente a los ajustes, sino también la formulación de propuestas transformadoras que permitan superar las desigualdades estructurales.
