Kicillof aumenta sueldos a la Bonaerense
El gobernador Axel Kicillof anunció una subida del 9% en los sueldos de la policía provincial, conocida como La Bonaerense. Según el plan, los efectivos verán un incremento del 7% en febrero y otro 2% en marzo, cifra que duplica la propuesta del 5% que Patricia Bullrich había ofrecido a la Gendarmería a nivel nacional, medida que ya había generado malestar entre sus integrantes.
Este aumento se equipara con el reajuste que se aplicó a todo el personal de la administración pública de la provincia. Además, se extiende la mejora a la compensación por el uniforme y al pago del servicio de Policía Adicional (Polad), que abarca las tareas extra que los efectivos realizan durante sus períodos de descanso.
La decisión de elevar los sueldos de La Bonaerense se produce en un contexto delicado para la seguridad, ya que recientes delitos cometidos por adolescentes en el conurbano han captado la atención mediática, aumentando la presión sobre las instituciones encargadas del orden público.
Mientras tanto, a nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se enfrenta a una creciente rebelión dentro de la Gendarmería. Tras el anuncio de emergencia de un aumento salarial del 5% para marzo, los efectivos —muchos de los cuales perciben menos de 600 mil pesos— han manifestado su descontento. La situación se agrava ante los elevados gastos de alquiler y transporte que afectan a los gendarmes rasos.
El clima en la institución se ha caldeado durante las últimas semanas, y la tensión se hizo evidente durante una visita de Bullrich a Salta. Allí, el padre de un gendarme se dirigió a la ministra de forma dramática, explicando que su hijo apenas alcanzaba para comer, que el alquiler ascendía a 450 mil pesos y que el aumento del 5% era insuficiente, considerando que el efectivo ganaba 25 mil pesos diarios.
En respuesta a las críticas sobre los altos costos de vivienda, Bullrich aseguró que se están estudiando nuevos planes habitacionales bajo la iniciativa Procrear, pese a que el programa fue disuelto en noviembre del año pasado. Sin embargo, las promesas de facilitar viviendas a los efectivos se vieron truncadas cuando el presidente Milei decidió cerrar la secretaría de Vivienda.