Críticas al regreso de la SIDE y su potencial de vigilancia masiva
El regreso de la secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) bajo el mandato de Javier Milei ha encendido alarmas en organismos de derechos humanos y en sectores de la sociedad civil. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó formalmente que la justicia en lo contencioso administrativo federal declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reinstauró esta agencia de inteligencia, luego de su disolución en 2015. Según el CELS, la medida representa una amenaza a los derechos fundamentales de privacidad, libertad de expresión y al derecho de defensa, al abrir la puerta a un posible programa de vigilancia masiva sobre la ciudadanía.
El DNU 614, promulgado el 15 de julio, no solo trajo de vuelta la SIDE, sino que creó otros cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos. Con nombres que parecen inspirados en estructuras de inteligencia extranjeras, estas entidades han generado preocupaciones en torno al aumento del control estatal y la expansión de las facultades de vigilancia.
El CELS denuncia posibles abusos y control de información
La postura del CELS frente a este nuevo esquema de inteligencia tiene antecedentes históricos. El organismo ha sido clave en denunciar abusos de poder y falta de transparencia en los sistemas de inteligencia, una lucha que se intensificó con la entrega de archivos de la SIDE durante la gestión de Cristina Caamaño en el gobierno anterior. Además, en 2024 el CELS, junto con Memoria Activa, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la impunidad en la investigación del atentado a la AMIA, un fallo que refuerza su papel como un actor crítico frente a los abusos de inteligencia.
En su reciente presentación judicial, radicada en el juzgado federal de Santiago Carrillo, el CELS plantea preocupaciones específicas sobre el alcance del DNU 614 y, en particular, sobre la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), dirigida por Ariel Waissbein. Según el CELS, la AFC parece haber sido diseñada como el componente central de la nueva estructura de inteligencia de La Libertad Avanza (LLA), y se teme que pueda convertirse en una herramienta de recolección masiva de información sin control efectivo.
Críticas principales al DNU y sus implicancias
El CELS argumenta que el DNU 614 excede las facultades del Presidente, al intervenir en asuntos de naturaleza penal, y carece de la urgencia necesaria para evitar su tratamiento legislativo en el Congreso. Estas críticas se suman a las preocupaciones sobre la ampliación del poder de la SIDE para recolectar datos privados e interceptar comunicaciones, competencias que, desde la reforma de 2015, estaban exclusivamente en manos del Poder Judicial.
Otro de los puntos más polémicos es la posibilidad de que la SIDE comparta información con el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal sin transparencia alguna. A través de un acuerdo marco con la Procuración General, la SIDE podrá proveer información al Ministerio Público en reuniones secretas, en las que no se documentará ni el contenido ni los participantes. Para el CELS, esto implica que la defensa no podrá conocer ni controlar la evidencia utilizada en contra de los acusados, debilitando gravemente el derecho a una defensa justa.
Posibles efectos en la privacidad y en las garantías ciudadanas
La reinstauración de la SIDE, sumada al alcance que tienen estos nuevos organismos de inteligencia, plantea interrogantes sobre el futuro del derecho a la privacidad en Argentina. Las normas establecidas por el DNU permiten, en términos prácticos, una vigilancia sin precedentes sobre la ciudadanía, con poca o ninguna supervisión externa. Este tipo de prácticas, advierte el CELS, coloca al país en una zona de riesgo en cuanto al respeto de las libertades individuales y los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
En un contexto en el que las libertades individuales y el derecho a la privacidad están en la mira, la batalla legal que el CELS ha emprendido podría ser decisiva para proteger los derechos de la ciudadanía. En última instancia, la controversia en torno a la resurrección de la SIDE refleja un debate fundamental sobre los límites de la vigilancia estatal y el equilibrio entre la seguridad nacional y las garantías individuales en Argentina.
