Piedra libre para los amigos: desregulan precios y mercados
El Gobierno nacional, a través de la resolución 1212/2024 del ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la secretaría de Industria y Comercio, publicadas el martes 19 de noviembre en el Boletín Oficial, puso fin a una serie de normativas que, según las autoridades, obstaculizaban el comercio y limitaban la competitividad del sector privado. La verdad sea dicha, anteriores experiencias similares solo terminaron significando una bandera verde para que los grupos concentrados, semimonopólicos o monopólicos, terminen esquilmando los bolsillos de usuarios y consumidores, y engrosando sus arcas, utilidades y remesas de dividendos al exterior.
Entre las medidas eliminadas se encuentran:
- La regulación de precios de la carne vacuna, que establecía valores máximos tanto para la industria frigorífica como para los mercados minoristas y mayoristas.
- Un registro de industrias lácteas que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno.
- Normas que exigían la igualdad de precios en la comercialización de papel para diarios.
- Disposiciones que obligaban a las farmacias a exhibir listas de productos con bonificaciones del 30%.
- Reglamentaciones sobre la fijación de tarifas en servicios de televisión paga, supervisadas por la Dirección de Lealtad Comercial.
- La eliminación de los programas “Super Cerca” y “Precios Justos”, considerados por el oficialismo como iniciativas desactualizadas que interferían en el libre funcionamiento del mercado.
Desde la secretaría de Industria y Comercio se justificaron los cambios argumentando que las normas eliminadas «distorsionaban el comercio y generaban sobrecostos para diversos sectores». Además, mencionaron que las modificaciones están alineadas con las políticas de simplificación administrativa que promueve el Ejecutivo.
En este contexto, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), celebró la decisión: «Estas medidas reflejan el compromiso de facilitar la actividad del sector privado, removiendo trabas innecesarias que entorpecen el crecimiento de las empresas y, por ende, de toda la economía».
Grinman también destacó la importancia de fortalecer la iniciativa privada como motor del desarrollo: «Para superar la pobreza y el atraso estructural acumulado durante décadas, es imprescindible un sector privado dinámico que genere empleo y oportunidades. Las decisiones del Gobierno representan un paso en esa dirección».
Las declaraciones de Grinman, que en la teoría suenan tan razonables, terminan siendo, y esto dicho sobre la base de experiencias anteriores, en un vale todo, donde el usuario y consumidor lleva la peor parte, ya que por lo general pasa a ser el damnificado de precios descontrolados en mercados semimonopólicos o directamente monopólicos como son los servicios. No es esta medida algo nuevo. Sino que es algo ya vivido en procesos anteriores que sabemos cómo terminaron. Con una desmedida transferencias de ingresos hacia los centros del poder económico y con escasos beneficios para usuarios y consumidores.
La eliminación de estas normativas impactará en sectores clave, como la carne vacuna, los lácteos, los comercios y grandes cadenas de supermercados, así como las normativas que regulaban los servicios de telecomunicaciones y las farmacias. Y ciertamente, poco o nada impactará en la «superación de la pobreza», como teorizan para justificar la medida.
Foto: Diario Digital Infotuc
