Riesgoso: bajan el límite de edad para la portación de armas

Con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Gobierno nacional modificó la ley de armas y explosivos, reduciendo la edad mínima para la tenencia legal de armas de 21 a 18 años. La medida, oficializada mediante el decreto 1081/2024, ha generado un intenso debate sobre sus implicancias en materia de seguridad y su impacto social.

Un cambio argumentado en el Código Civil
El decreto establece que la modificación busca “armonizar la legislación vigente” con el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce la mayoría de edad a los 18 años. Según los fundamentos expuestos en el texto oficial, la intención es reconocer la capacidad de los ciudadanos de esa edad para convertirse en usuarios legítimos de armas de fuego.

Sin embargo, críticos de la medida sostienen que esta decisión fomenta una cultura del «sálvese quien pueda», promoviendo respuestas individuales ante los problemas de inseguridad en lugar de fortalecer políticas públicas integrales.

Si tenemos en cuenta la estimación de tenencia de armas actual, podría agravarse la tendencia de que la población esté armada, más de la cuenta. Facilitar el acceso a la tenencia, pareciera, en principio, una riesgosa decisión gubernamental, que el tiempo evaluará. Hoy, del millón de “legítimos usuarios” de armas en el país, más del 70% tiene su credencial vencida. Pero es solo el costado «legal». Según organizaciones del sector, al menos un 4% de los hogares tienen una, representando «un aproximado de entre 3 y 4 millones de armas de fuego”.

Un debate que resurge
El cambio recuerda las declaraciones de Patricia Bullrich en 2018, durante su gestión como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, cuando afirmó: “El que quiere andar armado, que ande armado”. Para muchos, esta postura representa un enfoque que prioriza las soluciones individuales por sobre el rol del Estado en garantizar la seguridad colectiva. Aunque la misma Patricia Bullrich, en una muestra más de su «veletez» ideológica, había señalado durante la campaña electoral, cuando estaban en distintas veredas con Milei, que esa idea podía derivar en que «se iba a terminar masacrando a chicos en las escuelas».

Impacto en la seguridad barrial
Organizaciones sociales y referentes vecinales han expresado su preocupación por el impacto que esta normativa podría tener en los barrios más vulnerables. Advierten que bajar la edad mínima para portar armas podría derivar en un aumento de la inseguridad, facilitando el acceso a armas por parte de jóvenes en contextos de conflicto social y económico.

“En lugar de abordar las causas estructurales de la inseguridad, se promueve un enfrentamiento entre ciudadanos, lo que solo profundiza el caos y la desprotección en nuestras comunidades”, señalaron desde sectores críticos a la medida.

Distintos actores sociales han insistido en la necesidad de discutir un modelo de seguridad que priorice la prevención y el fortalecimiento del tejido comunitario, en lugar de habilitar herramientas que podrían aumentar los riesgos. Sostienen que las políticas de seguridad deben surgir de un debate amplio y democrático, y no de decisiones que, según denuncian, responden a intereses económicos o presiones corporativas.

El decreto, que ya entró en vigencia, promete abrir un capítulo polémico en el ámbito de la seguridad pública, con posturas enfrentadas sobre si representa un avance hacia mayores libertades individuales o un retroceso que podría generar más violencia en la sociedad.