Privatizarán 9.000 kilómetros de rutas y autopistas
El Gobierno se prepara para publicar un decreto que marcará el inicio del proceso de licitación de un corredor vial clave para el comercio regional, conocido como la principal ruta del Mercosur. Este corredor, vital para la conectividad entre Argentina y sus socios comerciales, ha sido objeto de críticas por parte de empresarios debido a su deteriorado estado actual. Aunque originalmente se esperaba su publicación en el Boletín Oficial en diciembre pasado, se estima que el anuncio se realizará en las próximas horas.
Detalles del proceso licitatorio
La dirección nacional de Vialidad (DNV), dependiente del ministerio de Economía, publicó en noviembre un cronograma detallando que el proceso de traspaso al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18. Este corredor incluye tramos de las Rutas Nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. En total, se extiende a lo largo de 675 kilómetros, facilitando el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.
Privatización y proyecciones económicas
Este proceso representa un primer paso hacia la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas, muchas de las cuales están actualmente sin concesión o bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales. Aunque estas rutas constituyen solo el 20% de la red vial nacional, concentran el 80% del tránsito, lo que las convierte en un negocio potencialmente atractivo para empresas constructoras. La privatización permitiría a las compañías cobrar peajes, y el Gobierno proyecta un ahorro fiscal de aproximadamente USD 6.100 millones en un plazo de 15 a 20 años.
Cronograma y antecedentes del contrato
Inicialmente, la convocatoria para esta licitación estaba prevista para diciembre, con una adjudicación programada para abril de 2025. Este mes, el día 9, vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), concesionaria de estos tramos desde 1990. CRUSA ha demandado al Estado por incumplimientos relacionados con ajustes tarifarios y renegociaciones contractuales pendientes desde 2009.
