Eliminan asistencia legal de comunidades indígenas
El Gobierno nacional decidió dar de baja un programa esencial que garantizaba el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en todo el país. Mediante la Resolución 8/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) puso fin al Programa de Fortalecimiento Comunitario, vigente desde 2004. Esta iniciativa brindaba apoyo jurídico, financiamiento para defensas legales y asistencia en la regularización de tierras para comunidades originarias.
La medida se enmarca en el plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y se suma a otras decisiones que afectan directamente a los derechos indígenas, como la eliminación en diciembre de la emergencia territorial, que protegía a estos grupos de posibles desalojos.
Un programa clave para la defensa de los derechos indígenas
El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado hace más de dos décadas con la finalidad de proporcionar subsidios para cubrir costos legales y administrativos. Entre sus principales funciones se encontraban:
- Representación legal en conflictos por tierras.
- Asesoramiento jurídico y contable.
- Capacitación sobre derechos indígenas.
- Regularización de la propiedad comunitaria a través de mensuras.
Su eliminación deja a cientos de comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica en un contexto de creciente disputa por tierras, donde tanto empresas privadas como el propio Estado han impulsado desalojos.
Los argumentos oficiales y el impacto en las comunidades
Según lo expuesto en la Resolución 8/2025, la decisión se basa en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señalan supuestas deficiencias en la implementación del programa y desvíos en sus objetivos. Además, el Gobierno justificó su eliminación bajo la premisa de optimizar el gasto público, en línea con la emergencia económica establecida por el DNU 70/2023.
No obstante, no se anunciaron medidas alternativas que garanticen el acceso a asistencia legal para las comunidades indígenas, lo que genera gran incertidumbre entre las organizaciones que defienden sus derechos.
Un retroceso en la protección de los pueblos originarios
Esta decisión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de políticas que han debilitado los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas:
- En diciembre de 2024, el Gobierno derogó la emergencia territorial mediante el Decreto 1083/2024, lo que habilitó desalojos de comunidades sin título formal sobre sus tierras.
- En enero de 2025, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras de la comunidad Qom en Makallé, Chaco, a través de la Resolución 5/2025.
Estas medidas han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones indígenas y de derechos humanos, que advierten sobre un incremento en los conflictos territoriales y los riesgos de despojo de tierras ancestrales.
Reestructuración del INAI y falta de políticas de protección
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha experimentado diversos cambios en su estructura administrativa en los últimos años. Inicialmente bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego pasó al Ministerio del Interior y actualmente depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estos cambios, sumados a la eliminación de programas clave, evidencian un debilitamiento progresivo de las políticas destinadas a proteger a los pueblos originarios.
Un futuro incierto para las comunidades indígenas
La eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario representa un duro golpe para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin una política alternativa en marcha, cientos de comunidades quedan en una situación de extrema fragilidad frente a la posibilidad de desalojos y litigios por la propiedad de sus tierras. La falta de medidas de contención deja en evidencia una desatención gubernamental hacia la problemática indígena y un panorama incierto para las comunidades que dependen del respaldo estatal para proteger su territorio y su identidad cultural.
