Impulsan el uso ético de la IA en el sector judicial
Este nuevo marco de cooperación se enmarca en los principios de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial adoptada por la UNESCO
La Oficina Regional UNESCO Montevideo y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) firmaron un acuerdo histórico para fortalecer el uso ético de la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial de la provincia.
El convenio fue suscrito por Ernesto Fernández Polcuch, Director de la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, y Sergio Torres, Presidente de la Suprema Corte provincial.
Este nuevo marco de cooperación se enmarca en los principios de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial adoptada por la UNESCO, y busca potenciar el acceso a la información, la transparencia y la gobernanza digital en el Poder Judicial en el marco de la divulgación de la Caja de herramientas global sobre IA y el Estado de derecho para el poder judicial.
Entre las líneas de acción acordadas se destacan:
- Programas de capacitación técnica y ética en IA para jueces, fiscales y operadores judiciales.
- Desarrollo de herramientas digitales para el fortalecimiento del acceso a la información pública.
- Estrategias de mejora institucional para la gobernanza judicial en entornos digitales complejos.
Durante la ceremonia, Ernesto Fernández Polcuch subrayó la importancia estratégica de este acuerdo: “Este compromiso conjunto reafirma que la inteligencia artificial debe estar al servicio de los derechos humanos, y que el Poder Judicial tiene un rol clave en garantizar su uso ético, transparente y centrado en las personas.”
La iniciativa se desarrollará en estrecha colaboración con la Red de Juezas y Jueces de América Latina y el Caribe por un uso ético de la Inteligencia Artificial, promovida por la UNESCO, que ya ha capacitado a cientos de funcionarios judiciales en toda la región.
Con este acuerdo, el poder judicial de la Provincia de Buenos Aires se suma a los esfuerzos internacionales por construir marcos normativos y de formación robustos para afrontar los desafíos éticos que plantea la transformación digital en los sistemas de justicia.
