Dicen que no hay plata, pero para la SIDE sí hay
El Poder Ejecutivo oficializó este lunes, a través de la Decisión Administrativa 10/2025, una ampliación extraordinaria del presupuesto nacional vigente, prorrogado desde 2023 ante la demora del Congreso en aprobar uno nuevo. Firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida —publicada en el Boletín Oficial— habilita reasignaciones y fondos adicionales para cubrir “gastos impostergables”, amparada en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera.
Entre los proyectos destacados, se incluyen partidas para afrontar las consecuencias de las inundaciones en Bahía Blanca, la adquisición de vacunas, la concreción del Gasoducto Sur y la finalización de la represa Cóndor Cliff–La Barrancosa. También se autorizaron contrataciones plurianuales, lo que comprometerá recursos en ejercicios fiscales posteriores.
Sin embargo, el punto más controvertido es el refuerzo presupuestario para la antigua SIDE, ahora bajo órbita presidencial: recibirá $25.250 millones, de los cuales $8.000 millones se destinan a “gastos reservados”, sin obligación de rendición de cuentas ni supervisión legislativa. La oposición, que exige transparencia, reprochó con dureza este aumento. “El Poder Ejecutivo amplió discrecionalmente el financiamiento de inteligencia sin debate parlamentario, y esos ‘gastos secretos’ carecen de control”, afirmó Alejandro “Topo” Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.
A continuación, los principales fondos aprobados en esta decisión administrativa:
Secretaría de Inteligencia (SIDE): $25.250 millones, incluyendo $8.000 millones para erogaciones reservadas.
Fuerzas Armadas (Ejército, FAérea y Estado Mayor): $113.323,5 millones, para municiones, equipamiento sanitario y operaciones de frontera.
Ministerio de Salud: $105.269,8 millones, destinados a suministros médicos, vacunas y tecnología hospitalaria.
Ministerio de Economía: $188.932,7 millones, repartidos en infraestructura energética, ferroviaria e hidrocarburífera.
Ministerio de Seguridad: $200.000 millones, enfocados en asistencia a afectados por desbordes hídricos.
Ministerio de Capital Humano: $1.208 millones, para programas sociales y refuerzo de la Biblioteca Nacional.
Superintendencia de Servicios de Salud: $3.501,6 millones, para sistemas de monitoreo de enfermedades crónicas.
Además, se sumaron recursos a Belgrano Cargas, ADIF, SOFSE, Energía Argentina, EDUC.AR, ACUMAR y el Ente Regulador del Agua, entre otros.
Aunque se trata de un acto estrictamente administrativo, la magnitud de los montos y la inclusión de partidas sensibles anticipan un choque con bloques opositores, que reclaman mayor fiscalización. En un escenario de ajuste macroeconómico y con el Fondo Monetario Internacional atento a las cuentas públicas, la discrecionalidad en la gestión de recursos vuelve a ocupar el centro del debate político.
