Milei prepara DNU para reprimir más y mejor
El gobierno de Javier Milei pretende avanzar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Federal. La reforma le otorgaría a las fuerzas de seguridad mayores atribuciones para realizar detenciones sin orden judicial y efectuar requisas arbitrarias. Lejos de una estrategia seria contra el crimen organizado, el Ejecutivo apunta a institucionalizar prácticas represivas con un fuerte sesgo autoritario.
El proyecto, que busca aprobarse antes del 8 de julio –fecha en que vencen las facultades delegadas por la Ley Bases–, no sólo otorga más poder a la ministra Patricia Bullrich, sino que instala una lógica similar a la del régimen salvadoreño de Bukele: criminalizar la pobreza y perseguir a los sectores populares. La declaración de “emergencia en seguridad” que figura en el borrador habilitaría además contrataciones directas, sin licitación, y la reestructuración interna de la fuerza policial.
Juristas advierten que esta maniobra sería inconstitucional, ya que modifica aspectos sustanciales del Código Penal sin pasar por el Congreso. “Esto no es una reorganización, es un retroceso al viejo paradigma de detención por portación de rostro”, señaló Fernando Carbajal, exjuez federal y actual diputado radical por Formosa, quien también integra la comisión bicameral encargada de controlar los órganos de seguridad. “Estas medidas lesionan derechos fundamentales de la ciudadanía y no pueden imponerse vía DNU”, añadió.
En la misma línea, Leandro Halperín, actual subsecretario de Política Criminal del Gobierno porteño, manifestó que cualquier cambio de esta naturaleza debe discutirse en el Parlamento: “Modificar el Código Penal por decreto es improcedente. Se necesita consenso político y debate legislativo. No es una cuestión de fondo, sino de forma. El uso del DNU genera inseguridad jurídica incluso para las propias investigaciones policiales”.
El contexto de este decreto no es menor: su difusión coincidió con la detención de Juan Grabois, dirigente social que intentó evitar el desalojo del Instituto Juan Domingo Perón, dispuesto por el ministerio de Capital Humano. Tras su liberación, Bullrich reivindicó el operativo y dijo que fue “una señal para los que viven del Estado”. “No vamos a financiar unidades básicas del kirchnerismo”, disparó la ministra, en declaraciones radiales. “Nosotros no negociamos con el desorden”, concluyó.
Este nuevo avance represivo va en sintonía con el modelo de país que impulsa Milei: ajuste brutal, entrega de recursos y represión a quienes se oponen. Sin apoyo social para sus políticas, el Gobierno necesita blindarse con palos y detenciones. El plan económico de saqueo sólo puede sostenerse con represión sistemática. Por eso no sorprende que el objetivo sea demoler toda forma de organización popular. No estamos frente a una democracia en crisis, sino ante una ofensiva autoritaria que busca consolidar una dictadura del mercado contra el pueblo.
