Más ajuste: Nación transfiere menos plata a las provincias
El gobierno nacional redujo durante mayo los giros automáticos de recursos a las provincias en un 23,4 % interanual a valores constantes, consecuencia directa de la caída de la recaudación tributaria en un contexto de recesión e inflación. Aunque en la comparación contra abril se registró un alza del 25 % —por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de empresas con cierre de ejercicio en diciembre—, ese repunte responde únicamente a la estacionalidad del cobro, sin que implique un incremento real de las transferencias automáticas, que dependen exclusivamente de la recaudación impositiva.
Del total de fondos coparticipables, el Impuesto a las Ganancias aportó el 53,2 % y el IVA el 43,3 %. No obstante, ambos tributos mostraron retrocesos reales respecto a mayo de 2024: el IVA cayó 1,1 % y Ganancias sufrió una baja de 39,9 %, producto de la alta base de comparación de aquel mes, tras la fuerte devaluación de fin de año pasado.
En contraste, las transferencias discrecionales —aquellas que el Ejecutivo asigna sin sujeción estricta a la ley— treparon un 203,7 % interanual en el período enero-mayo. Este aumento obedeció principalmente al cumplimiento de iniciativas de gastos corrientes (que constituyen el 96 % de este tipo de giros), y en particular al acatamiento de la Medida Cautelar 1864/2022 dictada en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentró el 51,3 % de estos fondos.
De hecho, ya en marzo último los envíos discrecionales habían escalado un 224 %, totalizando $283.396 millones para las 24 jurisdicciones, según cifras oficiales del Ministerio de Economía. Gran parte de ese incremento se vincula al fallo de la Corte Suprema que garantizó a CABA un porcentaje mayor de coparticipación, un reparto que, según la consultora Politikon Chaco, resultó “altamente asimétrico” en beneficio de la ciudad portuaria.
Este desequilibrio refuerza la tendencia de concentración de recursos en la Capital Federal en detrimento de las provincias más vulnerables, y pone en evidencia el rol que el Poder Judicial ejerce como garante de los intereses del bloque de grandes capitales.
