Polémica desregulación en el uso de armas
El Poder Ejecutivo nacional dio un paso más en su plan de desregulación al eximir a ciertos usuarios de armas de la reinscripción anual y del pago de la tasa correspondiente ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). La medida, firmada por el titular del organismo Juan Pablo Allan y publicada en el Boletín Oficial, beneficia a cuatro categorías: usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro.
Según datos que la Anmac aportó a este medio, la disposición alcanzará a 2.306 trámites que hasta ahora debían renovarse cada año, con un costo que oscilaba entre $20.000 y $200.000 por licencia. De ese total, 797 corresponden a personas jurídicas o físicas dedicadas al comercio de armas, 411 a clubes de tiro y cazadores, y 1.098 a colectivos de usuarios. A partir de la nueva normativa, sólo deberán abonar la tasa una vez cada cinco años, en el inicio de cada ciclo de vigencia del permiso.
Además de eliminar la obligación de la renovación anual, la resolución simplifica el aviso de cambios en la estructura societaria o en la directiva de las entidades habilitadas. Queda descartado el informe de actualizaciones cada 12 meses; bastará con notificar a la Anmac dentro del mes siguiente a cualquier modificación de los datos registrados.
En el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, justifican la iniciativa como parte de una política destinada a “aligerar trámites y reducir costos sin afectar el control” sobre el material militar y deportivo. “Buscamos facilitar el cumplimiento de las normas y respaldar a quienes participan del sector industrial, deportivo y comercial”, afirmaron desde la cartera.
Este ajuste reglamentario se enmarca en una serie de reformas impulsadas desde diciembre de 2023, que incluyen la creación de un “régimen de autorización especial” para semiautomáticas de uso militar y la puesta en marcha de la “Tenencia Express” en armerías. También se recortó la edad mínima para ser usuario legítimo de armas, de 21 a 18 años, argumentando una armonización con el Código Civil y Comercial. Aunque estas medidas han sido celebradas por la industria armamentista, críticos advierten sobre su impacto en la seguridad pública, al tiempo que el Gobierno defiende que promueven eficiencia y derechos individuales.
