Denuncian espionaje contra organizaciones políticas y gremiales
El Servicio de Inteligencia bajo la gestión de Sergio Neiffert volvió a exhibir métodos propios de un aparato autoritario al monitorear —sin justificación legal— las actividades de partidos políticos, sindicatos y organizaciones culturales. El informe, titulado “Hechos Previstos 09JUL25” y obtenido por Hugo Alconada Mon de La Nación, describe con detalle las movilizaciones previstas para el 9 de julio —día de festejos patrios que en esta oportunidad coincidió con el cierre de listas electorales y manifestaciones de jubilados— y revela una clara intención de anticipar y frenar el accionar de quienes disienten del gobierno de Milei.
En este documento, la SIDE anotó reuniones gremiales, actos culturales y convocatorias de estudiantes, así como la programación de un recital organizado por La Cámpora en el Parque Lezama, donde artistas como Teresa Parodi y “Peteco” Carabajal se presentarían. Lo llamativo es que esa labor de inteligencia no se limita a “amenazas externas”: apuntó específicamente contra la CGT, la CTA, referentes de Unión por la Patria —Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, “Wado” de Pedro—, así como figuras de la UCR, el Pro y otros espacios opositores. Solo el oficialismo quedó liberado de este espionaje interno, confirmando que el verdadero objetivo no es la seguridad, sino el control político.
La operación no solo vulnera el artículo 4 de la Ley 25.520 —que prohíbe expresamente “obtener información o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su opinión política”—, sino que expone el carácter cada vez más represivo del Ejecutivo, dispuesto a confundir protesta ciudadana con “intento de golpe de Estado” para justificar detenciones masivas. Ya lo vimos el 12 de junio pasado, cuando se reprimió a manifestantes contra la Ley de Bases con esa misma excusa. El plan de desmantelamiento de organismos autónomos y la avanzada contra los monopolios configuran un guion de intromisión inédita en la historia democrática reciente.
La respuesta parlamentaria no se hizo esperar: el senador Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), mientras desde Unión por la Patria preparan una denuncia judicial. Porque, más allá de los titulares oficiales que proclaman un “nuevo orden”, queda claro que toda política de ajuste y concentración de poder requiere un respaldo policial que, a esta altura, ya no disimula su naturaleza coercitiva.
